Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen de reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El proyecto de decreto, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 18 de septiembre, reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, dotándolos de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Esto permitirá que las comunidades puedan tomar decisiones de manera autónoma en sus asambleas, y establecer sus propios sistemas de gobierno, además de impulsar su desarrollo económico, social y cultural.
Uno de los puntos clave de la reforma es asegurar el derecho a la consulta para los pueblos indígenas y afromexicanos, en caso de que una medida legislativa o administrativa pueda afectarlos.
Asimismo, se obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a adoptar medidas para combatir la discriminación, el racismo y la exclusión que históricamente han enfrentado estas comunidades.
El decreto se remitió a la Mesa Directiva del Senado, para su discusión y eventual aprobación.