Este 7 de octubre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió tres nuevas consultas para analizar las impugnaciones contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
“En las consultas a trámite 5/2024, 6/2024 y 7/2024, por votación mayoritaria de ocho ministras y ministros, el Pleno reiteró que procede admitir y realizar los turnos habituales de las solicitudes, con fundamento en la fracción XVII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, detalla en un comunicado la Corte.
Esos tres recursos fueron promovidos por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación; por ocho jueces de distrito y 17 magistrados de tribunal y dos magistrados en retiro, y el último, por 11 jueces de circuito, seis magistrados de tribunales colegiados y un secretario.
Por lo que, la Corte determinó que las solicitudes sean returnadas al ministro o ministra correspondiente de entre la mayoría, a efecto de que se elaboren los proyectos que analicen a fondo tales peticiones.
#LaCorte analizó seis solicitudes relacionadas con la reforma constitucional en materia judicial; tres de ellas serán turnadas a ministras y ministros, quienes elaborarán los proyectos en cuanto al fondo; las otras tres quedarán sin materia https://t.co/XI2TiU1pLa pic.twitter.com/lHrFkZBNXq— Suprema Corte (@SCJN) October 7, 2024
De igual manera, ocho ministros y ministras determinaron desechar otras tres consultas: 2/2024, 1/2024 y 3/2024, en las que se establecía que la Suprema Corte carece de facultades de otorgar medidas cautelares, porque el proceso legislativo de la Reforma Judicial ya se concretó, al ser promulgada.
“Por lo que se refiere a las consultas a trámite 2/2024, 1/2024 y 3/2024, en las cuales se solicita como medida cautelar suspender el procedimiento legislativo de reforma constitucional, la Corte consideró que los asuntos habían quedado sin materia”, describe el comunicado.
Esto sucede luego de que el Pleno analizó seis consultas con el fin de establecer el procedimiento adecuado, sin que esto implique una decisión sobre el fondo de los asuntos.