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Reforma judicial en México: Una realidad constitucional consumada

La reciente reforma judicial en México permitirá a los ciudadanos elegir directamente a jueces, magistrados y ministros a partir de junio de 2025.

La reciente aprobación de la reforma judicial en México representa un cambio constitucional de gran trascendencia.

La reforma judicial en México ya es un acto consumado. Tras un exhaustivo proceso legislativo que incluyó la ratificación en el Congreso de la Unión y en más de la mitad de los congresos estatales, la disposición ya es ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

EL 1 de junio de 2025, los mexicanos van a elegir directamente a jueces, magistrados y ministros, un paso inédito en la historia de la justicia del país.

Expertos y constitucionalistas en una mesa de diálogo llamada “Reforma Judicial: voluntad popular“, transmitida por El Once, concluyeron en los siguientes puntos:

Un derecho ciudadano confirmado

El 1 de junio de 2025, los ciudadanos tendrán el derecho de elegir a quienes serán sus juzgadores, permitiendo un nuevo grado de participación ciudadana en el Poder Judicial.

Los expertos subrayaron que no existen argumentos legales para que la oposición impugne esta reforma.

Este cambio responde a un mandato popular en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo Gobierno impulsa una serie de reformas constitucionales en beneficio de los mexicanos.

Según los analistas presentes en la mesa de diálogo, la reforma refleja una demanda ciudadana legítima y necesaria, orientada a transparentar el sistema judicial y garantizar la autonomía del poder.

Desacato y la controversia legal

Algunos opositores han cuestionado la reforma, alegando que su implementación es un riesgo para la independencia judicial.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido señalada por algunos opositores, quienes argumentan que su apoyo a la reforma representa una intervención en el Poder Judicial; sin embargo, en la mesa dejaron claro que no existe desacato alguno.

Al ser un cambio constitucional, el Ejecutivo no tiene la facultad de interferir en su implementación, pues esta reforma fue aprobada conforme al marco jurídico.

Corrupción y nepotismo: Justificación para el cambio

Uno de los puntos clave para justificar la reforma es el alto grado de corrupción y nepotismo en el sistema judicial, problemas profundamente enraizados en la administración de justicia.

Un estudio de 2016 reveló que alrededor del 80% de los puestos en el Poder Judicial están ocupados por familiares, una cifra alarmante que destaca en estados como Guanajuato y Jalisco. Este patrón de favoritismo ha generado un fuerte descontento ciudadano, impulsando el respaldo a la reforma como una medida para garantizar un sistema judicial más limpio, transparente y justo.

Injerencia extranjera

El debate en la mesa de diálogo reveló que los intentos de la oposición por detener la reforma han recibido apoyo de sectores internacionales, señalando una injerencia extranjera.

En particular el financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos hacia organizaciones mexicanas como Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

Los expertos señalaron que este apoyo internacional busca frenar políticas nacionales que afectan intereses económicos de ciertos grupos empresariales.

Este tipo de financiamiento plantea dudas sobre el respeto a la soberanía de las decisiones políticas en México, ya que podría estar interfiriendo en decisiones de carácter constitucional y nacional.

Hacia una justicia democrática y autónoma

El proceso de elección directa de jueces, magistrados y ministros en 2025 no solo promete combatir el nepotismo y la corrupción, sino que también busca responder a las demandas populares de una justicia más cercana y accesible.

La reforma coloca al Poder Judicial en el centro de un proceso de transformación, buscando un sistema más transparente y que rinda cuentas a la ciudadanía.

La democratización de la justicia es vista, por los defensores de la reforma, como un paso esencial para restaurar la confianza ciudadana en el sistema judicial, volviendo al poder judicial un instrumento de justicia al servicio de la gente y no de intereses particulares.

¡México será el primer país del mundo que va a democratizar los 3 poderes!

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