Esta semana, en el Pleno de la Cámara de Diputados se discutirá la reforma que contempla la extinción de siete órganos autónomos.
Ante esto, especialistas reflexionaron este domingo sobre la autonomía y responsabilidad de los organismos y la necesidad de reformar o transformar.
Violeta Vázquez Rojas, lingüista y analista, explicó que los órganos autónomos fueron creados en una época de crisis de desconfianza en el Estado. Sin em bargo, hoy, con gobiernos democráticamente legitimados, es pertinente cuestionar su papel y su autonomía como entes “paralelos”.
Además mencionó que la gente debería saber que no se trata de una extinción de los órganos autónomos porque son neoliberales o porque no funcionaron bien, sino es porque duplican funciones.
Ejemplificó lo anterior con el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval), pues señaló que la propuesta es que se incorpore al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que es finalmente quien difunde la información y donde sale la medición los instrumentos con los que finalmente se mide la pobreza.
32 mil mdp de siete órganismos
En la propuesta de la reforma se contempla eliminar órganos autónomos, pues suman un gasto de 32 mil millones de pesos, un listado conformado por:
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH)
Por su parte, el periodista Ernesto Núñez dijo que el origen de los organismos autónomos fue en los años 90, como parte de la agenda neoliberal y que su proliferación no han cumplido con las expectativas iniciales.
INAI, en el foco del debate
Sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Nuñez dijo que es necesario que las y los legisladores hagan un análisis independiente y no se discuta en bloque con el resto de los organismos.
“Valdría la pena todavía dar la batalla desde la ciudad, ciudadanía y desde el periodismo para impedir que sea el INAII una oficina de la Secretaría de la Función Pública”, propuso.
En la mesa de opinión, se refirieron al reportaje “Toallagate“, de la periodista Anabel Hernández, el cual revela una compra de toallas por 400 dólares cada una durante el Gobierno de Vicente Fox.
Y es que con este tipo de investigaciones los Gobiernos neoliberales se dieron cuenta que la transparencia les empezaba a afectar políticamente, por lo que llegó un proceso de cooptación que se aceleró en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y con Enrique Peña Nieto.
La periodista Meme Yamel coincidió en que el acceso a la información es un derecho constitucional, por lo que las y los diputados deberán dejar claro sobre cómo operará el INAI, pues recordó que aunque los organismos fueron creados con buenas intenciones, han sido cooptados por “intereses“.
“Uno mediante la ley cómo los vamos a obligar, cómo vamos a garantizar y mediante quién vamos a lograr que eso pase, eso es en realidad la discusión, la obligación y la ley, eso es lo que hay que modificar”, expuso.
Órganos lejos del pueblo
El maestro en mercado y finanzas, Alonso Romero, explicó que en el caso de los organismos reguladores surgieron para mediar entre los monopolios privatizados y los ciudadanos. Sin embargo, lo que ocurrió fue la captura de estos organismos por los intereses que debían regular.
En México, se desvirtuó su propósito, favoreciendo estructuras económicas neoliberales. Subrayó que el modelo actual de las instituciones es totalmente antidemocrático y alejado del pueblo.
Mencionó con que la homologación de los organismos en el Gobierno Federal generará el ahorro de 32 millones de pesos.
Señaló el caso de Cofece, quien tiene la facultad de regular al mercado para evitar monopolios o duopolios, pero lo calificó como una institución muy pasiva.
“El ejemplo de Kimberly Clark (cuando fue sancionada), representó únicamente el 20% de las ganancias adicionales por esas malas prácticas, eso es básicamente un costo de hacer negocio, pero no hubo un incentivo para erradicar esas prácticas”, concluyó.