La organización defensora de periodistas, Artículo 19, consideró que la demanda que interpuso la empresa Banco Azteca, de Grupo Salinas, contra siete periodistas vulnera la libertad de expresión.
Así, llamó a las firmas encabezadas por el empresario Ricardo Salinas Pliego a abstenerse de sus amenazas legales contra periodistas y de lo que calificaron como un intento de usar el derecho penal para silenciar voces críticas.
Entre los demandados figuran Jorge Gómez Naredo, jefe de información de la revista Polemón, y Vicente Serrano, comunicador.
⚠️ALERTA: @BancoAzteca inició un proceso legal en contra de siete periodistas y comunicadores en redes sociales por supuesto “daño moral”.
— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) February 25, 2025
El posible efecto inhibidor no sólo afecta a los hoy demandados, sino que vulnera la libertad de expresión de la ciudadanía. Es un mensaje a… pic.twitter.com/bdUc0qxdCr
“La demanda judicial señala que Banco Azteca tuvo una afectación al 7% de sus depósitos, ante lo cual adjudica responsabilidades millonarias para las personas comunicadoras”, dio a conocer Artículo 19 en un pronunciamiento.
“Este tipo de procesos legales (…) conllevan un efecto inhibitorio. Lo anterior, además de tener efectos adversos en la salud emocional de las personas comunicadoras, conlleva efectos nocivos en las dimensiones laborales y económicas”, agregó el organismo defensor.
Amedrentamiento
Además de la afectación individual contra los periodistas, señaló Artículo 19, este tipo de acciones vulnera la libertad de expresión de la ciudadanía mexicana, pues emite un mensaje contra quienes quieran publicar información incómoda relativa a empresas o poderes económicos.
“El ingresar procesos en las cortes de California, por la vía penal en Jalisco, y ahora por la vía civil, refuerza el mensaje de amenaza que se puede ser víctima de procesos judiciales meramente por opinar o publicar información sobre dichas empresas”, indicó.
Uso estratégico del derecho
Artículo 19 identificó que el caso podría constituir una denuncia estratégica contra la participación pública, lo que buscaría inhibir el ejercicio periodístico en redes sociales.
El organismo aseveró que ha identificado una tendencia en el país desde 2016 a que poderes privados con fuerza económica y figuras públicas usen distintas normativas para silenciar voces críticas.
“En el caso en cuestión, las empresas vinculadas al empresario Salinas Pliego están utilizando el derecho penal en contra de usuarios de redes sociales con distintos niveles de proyección pública”, apuntó.
Artículo 19 llamó a las autoridades judiciales involucradas a proteger la libertad de expresión y a recordar que el derecho penal debe ser un último recurso de la política social para proteger bienes jurídicos.