La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya analiza la iniciativa presidencial en materia de extorsión, que busca abatir este ilícito con gran incidencia en el país.
Esto en el marco del reciente anuncio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que considera la recurrencia de este delito de gravedad, con un crecimiento de 57.62 por ciento en seis años, no obstante que antes de 2018 las cifras lograron topes récord.
¿De qué trata esta propuesta de reforma?
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), que envió la propuesta a Cámara de Diputados, se busca reformar el inciso A) de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política, en materia de extorsión, para dotar al Congreso de la Unión de las facultades constitucionales necesarias para expedir una legislación que establezca como mínimo la homogeneización del tipo penal y de sus penas para el caso de la extorsión.
La iniciativa retoma lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 que considera este delito como de alto impacto por las repercusiones que representa a las víctimas y al Estado mexicano en su conjunto.
Asimismo, se ajusta a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, toda vez que es necesaria para que en la ley general correspondiente se desarrollen tres de sus cuatro ejes rectores relativos a establecer políticas para prevenir el delito de extorsión en los tres órdenes de gobierno.
“Desarrollar mecanismos de colaboración entre las instituciones de seguridad pública en donde se privilegie el uso de tecnologías, sistemas e inteligencia informática para la investigación de este delito y disponer mecanismos de coordinación efectivos entre las instituciones del gabinete de seguridad, a través de la definición de atribuciones comunes en la prevención, investigación, persecución y sanción de la extorsión”, añade la propuesta.
Las dependencias de seguridad en el país han coincidido en la ausencia de un marco legal adecuado para entender esta problemática, apunta la reforma, ya que para el combate eficaz de este delito a nivel nacional se requiere una homologación de las penas.
En el ámbito federal la penalidad es de 2 a 8 años, en Oaxaca las penas van de 1 a 3 años y en Chihuahua oscilan entre 5 y 30 años, por citar algunos ejemplos.