El Ministerio de Asuntos Exteriores y la embajada de España en Tel Aviv se han movilizado para brindar asistencia consular a Sergio Toribio y Santiago González Vallejo, dos ciudadanos españoles que iban a bordo del buque humanitario Handala, interceptado por la Marina israelí mientras se dirigía hacia Gaza. La nave formaba parte de la Flotilla de la Libertad, una coalición propalestina que intenta llevar ayuda a la población gazatí.
El barco, con una veintena de activistas a bordo, fue desviado al puerto de Ashdod. Las autoridades españolas, a través del consulado en Jerusalén, mantienen comunicación con ambos españoles. Raquel Toribio, hermana de Sergio, manifestó su preocupación por el estado de su familiar, un mecánico de 49 años de Logroño, ya que en una misión previa fue detenido en condiciones inciertas.
Presión social
Antes de su salida hacia Gaza, los activistas grabaron un video pidiendo su liberación en caso de ser interceptados por “fuerzas de ocupación israelíes”.
Sus familias, junto con partidos como Sumar y Podemos, exigen su liberación inmediata y califican la acción como un “secuestro”. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, solicitó sanciones contra Israel y afirmó que “usar el hambre como arma es un crimen de guerra”.
Por su parte, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, denunció que se “secuestran activistas que llevan ayuda humanitaria” mientras se protege a los genocidas, en referencia al conflicto palestino-israelí. La etiqueta #FreedomFlotilla se ha viralizado en redes sociales como símbolo de protesta.
Dos activistas con nacionalidad israelí-estadounidense, Bob Suberi y Huwaida Arraf, fueron trasladados a comisarías bajo custodia policial. Al contar con ciudadanía israelí, no podrán ser deportados como los demás, explicó la organización Adalah, que brinda asistencia legal.
El periodista marroquí Mohamed El Bakkali, corresponsal de Al Jazeera, también fue detenido en el operativo. El Sindicato Nacional de Prensa Marroquí pidió su liberación inmediata, calificando la retención como una “agresión contra una misión humanitaria y mediática”. También se pronunciaron sindicatos y partidos de Marruecos, exigiendo acción diplomática por parte de su gobierno.