Las redadas en diferentes ciudades de Estados Unidos están ahuyentando a visitantes extranjeros, que dicen sentirse inseguros ante la posibilidad de que sean detenidos por agentes de migración.
Los nuevos requisitos incluyen revisión de celulares, tablets, computadoras y redes sociales de los solicitantes.
Así como un alza en el costo de las visas y una eventual fianza de viaje de 15 mil dólares.
“Será un poco injusto para los visitantes, ya que es mucho dinero para ellos. Normalmente, cuando vienes aquí, gastas… Si estás aquí 10 o 15 días, quizás 4 o 5 mil dólares. Pero si son 15 mil más, ¡es muchísimo!”, dijo un turista de Reino Unido, Ghulam Asghar.
Es decir, el gobierno de Trump estaría enviando el mensaje al turismo de que Estados Unidos no es un destino atractivo, y optan por visitar otros países donde no se sienten tratados como “sospechosos”.
Entre enero y mayo pasados, ingresaron 27 millones de turistas a Estados Unidos, frente a los 30 millones que lo hicieron en el mismo periodo el año pasado, una caída del nueve por ciento, documentó la Asociación de Viajes de Estados Unidos.
“No me preocupa excluir al viajero que se quedaría más tiempo del permitido por su visa, sino excluir a los millones de personas que quieren venir a Estados Unidos, gastar su dinero, regresar a casa y decirles a sus amigos y familiares que hagan lo mismo. Si perdemos a esos viajeros, si esos viajeros deciden ir a otros mercados, nuestro déficit comercial en materia de viajes aumentará, nuestras pequeñas empresas sufrirán y la economía estadounidense se verá afectada”, comentó el presidente de la Asociación, Geoff Freeman.
La más reciente redada contra personas migrantes se realizó en Los Ángeles, California.
La patrulla fronteriza realizó el operativo “Caballo de Troya” en una tienda Home Depot a bordo de un camión rentado, detuvo a 16 personas migrantes.
La alcaldesa Karen Bass y organizaciones pro migrantes acusaron a las autoridades de no acatar el fallo de una jueza, que ordena no realizar operativos en esa ciudad.
“El gobierno debió pensar: “en realidad, estamos en medio de una orden de restricción temporal y no voy a hacer nada de lo que me han prohibido”. Así que, en primer lugar, la aplicación de la ley debería provenir de los agentes de inmigración. No lo están haciendo. Están violando la ley”, señaló Angélica Salas, de la Coalición por los Derechos Humanos de las personas migrantes.