Jueza federal estadounidense ordenó desmantelar dentro de 60 días el centro de detención migratoria de ‘Alligator Alcatraz’ al oeste de Miami, además de impedir el ingreso de nuevos migrantes, tras considerar una demanda de grupos ambientalistas.
Este martes, la jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida falló de forma parcial a favor de los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, que exigían el cierre completo e inmediato del lugar por sus daños a la zona natural de los Everglades.
La orden prohíbe instalar cualquier infraestructura adicional como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas, así como pavimentar, excavar o cercar el sitio, el cual fue abierto el 3 de julio en un aeropuerto que estaba abandonado tras una visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
También impide enviar a personas adicionales al sitio que no estuvieran ya detenidas en el sitio al momento de la orden.
Pasados los 60 días, las autoridades deberán quitar el cerco para permitir el paso de la tribu Miccosukee, pueblo indígena que pertenece a la zona, remover la iluminación industrial del lugar, y retirar las instalaciones de gas, drenaje y desechos del proyecto impulsado por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
Esta demanda busca frenar por razones ambientales el centro, con una capacidad actual para 2 mil personas que esperaba crecer a 4 mil, según la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM), por construirse en un área natural con 36 especies endémicas amenazadas como panteras, cigüeñas, caimanes, y cocodrilos.
“Esta es una victoria emblemática para los Everglades e incontables estadounidenses que creen que las especies en peligro deben protegerse, no explotarse”, declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades.
Pese al fallo, se espera que la batalla judicial continúe, pues el gobernador DeSantis y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, han cuestionado la legitimidad de la jueza, nominada por el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), por lo que había prometido antes combatir los eventuales fallos.