En su penúltimo día de funciones, la presidencia de la Suprema Corte, Norma Piña, notificó sobre un acuerdo que favorece al abogado Juan Collado, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), intentaba llevar nuevamente a juicio por un presunto fraude, al realizar movimientos financieros para liberar las cuentas “bloqueadas” que tenía por 40 millones de dólares, en Andorra.
Como parte del amparo en revisión que llevó la UIF hasta el máximo Tribunal, se pretendía impugnar la decisión del séptimo Tribunal colegiado, que impedía continuar con las investigaciones en contra del abogado del expresidente Enrique Peña Nieto.
El argumento para fundar la negativa del colegiado fue que la UIF no tenía legitimidad para presentar la denuncia, debido a que las personas morales sólo pueden demandar cuando se ven afectadas de forma directa en su patrimonio.
Por ello, la UIF apeló a la Suprema Corte para que atrajera el amparo y entrara en el fondo del asunto, sin embargo, como parte de las últimas determinaciones de Norma Piña como presidenta de la Corte, desechó la petición pues no contaba con la trascendencia e importancia para entrar en su análisis.
Collado fue detenido el 9 de julio de 2019 en la Ciudad de México, y se le dictó prisión preventiva oficiosa, por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos fiscales.
Imputaciones relacionadas con el manejo de la caja libertad, en la que el litigante presuntamente utilizó recursos de procedencia ilícita en diversas finanzas poco claras.
Después de cuatro años y dos meses, el imputado dejó la prisión para seguir con su juicio en libertad, esto por presuntas complicaciones graves de salud.
Por otra parte, en el 2018, colaboradores cercanos de Juan Collado, así como servidores públicos de la administración de Peña Nieto, presuntamente se desplazaron a Europa para solicitar el desbloqueo de los 40 millones de dólares asegurados en Andorra.
Y fue hasta el 2020, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la Fiscalía General de la República imputó a Juan Collado los delitos de tráfico de influencias y contra la administración de la justicia, pero el juez de control reclasificó el delito y los vinculó a proceso por el supuesto delito de fraude, mismo que ahora son desestimados por la Corte.