Albina, quien pidió reservar su apellido por cuestiones de seguridad, pertenece a la comunidad mazahua de Ciudad de México. Vive en la calle de Turín, de la Colonia Juárez. El pasado 15 de octubre junto con familias de otros 43 departamentos fue desalojada por la fuerza y sin una notificación previa. De manera histórica, comunidades indígenas de la capital han sido trasgredidas por discriminación y persecución del sistema judicial. La mujer en resistencia nació en San Antonio Pueblo Nuevo, del municipio de San José del Rincón, Estado de México, sus padres fueron cariñosos y bondadosos, pero en su pueblo, dijo en entrevista con Once Noticias, no hay fuentes de trabajo, es un lugar que no tiene calles y está hecho por las brechas de milpas. 
Llegó a la colonia Juárez en el año 2009, ella trabajaba desde hace tiempo como comerciante y uno de los vecinos le ofreció un cuarto a cambio de una renta muy económica. “Yo vendo elote y si me detienen me sacan hasta 300 pesos. Nos tienen bloqueados a nosotros, antes era la burla ahora es la discriminación de Ciudad de México, nosotros ya somos de la tercera generación de vivir aquí, de seguir resistiendo para lograr un espacio digno de trabajo y de vivienda, luchamos por lo que queremos, y queremos ser un ejemplo digno para las siguientes generaciones”.
“En aquel tiempo del año 1935 ellos trabajaban en las calles, no había líderes de comercio ambulante. Ellos vendían afuera del Teatro Blanquita o el Teatro de la Ciudad, cualquier esquina estaba bien, pero iban más a los cines. Lograron luchar para tener un pedacito de suelo y trabajar honradamente”.“Ellos vendían en una manta blanca y se ponían sus morelianas, nueces, mandarinas, pepitas, y así todos los mazahuas del Estado México ganaron un espacio para trabajar. En aquellos tiempos venía la camioneta del gobierno a quitar a los comerciantes. En una ocasión agarraron a mi mamá porque no le dio tiempo de recoger su manta blanca y se la llevaron, dice mi mamá que adentro la ponían a limpiar las mesas o a lavar las ollas para que no le cortaran las trenzas. La identificaron como una de las indígenas que se aferraba a luchar para tener un espacio donde trabajar y darnos alimento, ropa, zapatos y un estudio. Como mazahuas no vendemos la fayuca ni productos chinos, nosotras transformamos nuestra mercancía y lo vendemos en un carro o triciclo y así seguimos resistiendo, yo como comerciante, trabajadora y como indígena”, explica Albina con una voz calmada.
Llegó a la colonia Juárez en el año 2009, ella trabajaba desde hace tiempo como comerciante y uno de los vecinos le ofreció un cuarto a cambio de una renta muy económica. “Yo vendo elote y si me detienen me sacan hasta 300 pesos. Nos tienen bloqueados a nosotros, antes era la burla ahora es la discriminación de Ciudad de México, nosotros ya somos de la tercera generación de vivir aquí, de seguir resistiendo para lograr un espacio digno de trabajo y de vivienda, luchamos por lo que queremos, y queremos ser un ejemplo digno para las siguientes generaciones”. La llegada al Centro de CDMX
“El señor Lencho nos decía que éramos muy trabajadoras y que tenía un espacio, que nos podía ayudar y como era más económico de lo que yo pagaba pues acepté. El lugar estaba muy maltratado, no tenía techos y las paredes se caían, por eso comenzamos pintar y remodelar el lugar; le pusimos techos, también pusimos al corriente todos los pagos del agua, de la luz porque eran puros diablitos y nosotros ya las bajamos individuales para pagar y estar bien en nuestra casa”, narra. Todo estaba al día, ella nunca pidió un recibo o contrato, porque la palabra es lo que sostiene la organización de muchas comunidades originarias. Sin embargo, en el sismo del 19 de septiembre de 2017 dejaron de ver a Don Lecho. Los sacaron en esa fecha porque se venció una loza, instalaron una carpa afuera del lugar, pero dos días después llegaron personas que querían meterse al lugar a nombre de un supuesto dueño que no habían visto nunca. Los sujetos amenazaron con quemar la carpa si no se iban de ahí; no obstante, remarca la fuente, nunca mostraron papeles de que efectivamente eran dueños. Ante la inseguridad de las amenazas, dejaron la carpa y retornaron al inmueble.“Empezamos a pedir informes para estar en un listado de vivienda y cuando fuimos a buscar el número de folio en el registro público de la propiedad nos dijeron que estaba en resguardo por la Fiscalía (de CDMX) y que estamos acusados de delincuencia organizada así ya no pudimos meter ningún documento”.“Buscamos instancias que nos apoyen porque no podemos hacer nada, nos tiene bloqueado por todos lados y estamos amenazados con ir a la cárcel. Nosotros no hemos logrado saber qué es lo que está pasando. Nosotros no somos invasores, nosotros hemos sostenido este lugar durante 12 años, pagamos rentas y pusimos todo al corriente, no es posible que vengan actuarios y privados a violar nuestros derechos como indígenas y como seres humanos”, relata. Albina exigió que la Fiscalía capitalina libere el número de folio del Registro público de la propiedad y que el gobierno local ayude para gestionar los trámites de expropiación, pues sin información los poseedores indígenas no tienen derechos a defenderse de una disputa civil y penal.