La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, presentó este 10 de octubre un nuevo informe sobre las investigaciones relacionadas con la volcadura de una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa, tragedia que dejó múltiples daños materiales y afectaciones a vecinos de la zona.
Con base en los dictámenes periciales elaborados por nuestro personal especializado, la #FiscalíaCDMX presenta la reconstrucción de los hechos ocurridos el 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa.
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 11, 2025
A través de estudios en mecánica forense, tránsito terrestre,… pic.twitter.com/d1uVlXp8qB
De acuerdo con el dictamen, antes del siniestro el tractocamión se encontraba en buenas condiciones mecánicas y no presentaba fugas. Asimismo, la carpeta asfáltica del lugar del accidente estaba en condiciones adecuadas, sin baches ni desniveles.
El informe detalla que el vehículo atravesó la curva del circuito La Concordia a 44 kilómetros por hora, cuando el límite permitido es de 40. Tras perder el control, el tractocamión volcó y sufrió una hendidura de 40 centímetros, lo que provocó el desprendimiento del gas en un radio de 180 metros.
“Se concluyó que la falta de pericia del conductor fue la causa principal del accidente”, afirmó Alcalde, quien precisó que en la investigación participaron 16 especialidades periciales y se elaboraron 273 dictámenes para fortalecer la solidez técnica del caso.
Por su parte, Leonardo Chávez Estevez, perito en Ingeniería Mecánica y Seguridad Industrial, informó que el conductor condujo a exceso de velocidad en tres ocasiones horas antes del siniestro, alcanzando entre 100 y 106 kilómetros por hora, cuando los vehículos de ese tipo no deben superar los 80 kilómetros por hora en ninguna vía.
Además, ese día el chofer realizó un recorrido de seis horas con solo 15 minutos de descanso, cuando el reglamento establece pausas mínimas de 30 minutos por cada cinco horas de manejo. También se comprobó que manejaba desde hacía más de 16 horas, rebasando el máximo legal de 14.
El perito agregó que no existen pruebas de que el conductor haya recibido los cursos de seguridad obligatorios que la empresa declaró.
Bertha Alcalde destacó que la Fiscalía mantiene comunicación con las víctimas para definir los montos de reparación integral de daños, que incluirán afectaciones materiales, morales y procesales.
“Ya existen elementos suficientes para lograr acuerdos reparatorios”, señaló.