
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia inició una investigación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntas irregularidades en su candidatura al Senado para las elecciones legislativas de 2026.
La medida surge tras una sentencia en primera instancia que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos.
De acuerdo con el auto, difundido por el ciudadano Inder Ramírez, quien interpuso la impugnación ante el CNE, el proceso busca determinar si Uribe incurre en alguna causal de inhabilidad que pueda revocar su inscripción.
La resolución, fechada el 8 de octubre, establece “la apertura de la indagación preliminar” hasta que se formalice su candidatura para los comicios del 8 de marzo de 2026.
🚨🇨🇴 HISTÓRICO:
— Inder Ramírez ( 雷昫虎) (@InderRamirez) October 17, 2025
El Consejo Nacional Electoral @CNE_COLOMBIA abre indagación preliminar contra la candidatura de Álvaro Uribe Vélez al Senado 2026.
La acción fue interpuesta por mí, Inder Alonso Ramírez Pérez, Delegado de la Sociedad Civil para las Migraciones de los… pic.twitter.com/6BqJ13fsVL
El organismo recordó que la Constitución colombiana prohíbe ser congresista a quienes hayan sido condenados a pena privativa de la libertad, salvo en casos de delitos políticos o culposos.
En el mes de agosto, Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, al ser hallado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia, encargada del llamado “juicio del siglo”, dictó una sentencia de 12 años de cárcel domiciliaria e inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de ocho años.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá le concedió la libertad mientras se resuelve la apelación presentada por su defensa, cuya decisión se conocerá el 21 de octubre.
El ciudadano Inder Ramírez celebró la medida del CNE a través de la red social X, calificándola como “un triunfo que demuestra que ningún poder político está por encima de la Justicia”.
Contexto del caso
El caso contra Uribe se remonta a 2012, cuando demandó al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos.
La Corte Suprema de Justicia no solo desestimó la denuncia, sino que abrió un proceso contra el exmandatario al hallar indicios de manipulación para evitar vínculos con el paramilitarismo.