En México, 30 entidades federativas han reformado sus leyes para incluir y reconocer la violencia vicaria dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Además, 24 de ellas la tipifican como delito en sus códigos penales.
Sin embargo, abogadas y activistas advierten que la impunidad persiste, así como la violencia institucional ejercida por las propias autoridades judiciales.
Durante un foro organizado por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria A.C., en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialistas en derecho y defensoras de derechos humanos coincidieron en que, pese a los avances legislativos, las instituciones de justicia siguen actuando con sesgos misóginos y sin perspectiva de género.
La violencia vicaria se define como la agresión hacia una mujer mediante el uso de hijas o hijos para causarle daño emocional o psicológico, y se considera un delito autónomo. No obstante, las ponentes señalaron que con frecuencia se confunde con violencia familiar o con la figura de “alienación parental”, lo que genera revictimización y favorece a los agresores.
Asimismo, denunciaron que en muchos casos las autoridades otorgan la custodia de niñas y niños a los agresores, ignorando denuncias previas de violencia.
Las abogadas llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a revisar la Acción de Inconstitucionalidad 11/2016, que aborda la figura de alienación parental, la cual ha sido utilizada para desacreditar a las madres. En 2017, la Corte invalidó su aplicación en varios códigos civiles, luego de resolver un caso en Oaxaca.