El Estado mexicano recuperará la rectoría de la administración del agua en el país, tras la aprobación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforma la Ley de Aguas Nacionales.
Dichas reformas establecen el derecho humano a ese recurso, prohíbe su acaparamiento, garantizan las concesiones administradas por el gobierno federal y sanciona hasta con ocho años de prisión los delitos contra las aguas nacionales.
El dictamen que fue aprobado la mañana del miércoles en comisiones y subido inmediatamente después al pleno, generó un álgido debate entre la oposición y la mayoría parlamentaria.
Morena y aliados señalaron que esta reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pone un fin a años de acaparamiento, mercado negro y concesiones ilícitas del agua, ahora el Estado asegurará que el líquido llegue a las comunidades que más lo necesiten, priorizando su uso doméstico.
“Era urgente devolverle al Estado su capacidad real de conducción, regulación y planeación, no habrá desarrollo agrícola, industrial, ni social, sin una rectoría hídrica, este dictamen lo logra sin afectar derechos hídricos, sin vulnerar la propiedad ejidal o privada y sin disminuir volúmenes históricos, lo que hace es ordenar, transparentar y garantizar la continuidad”, dijo Oscar Bautista, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Por su parte, la oposición acusó al gobierno federal de centralizar la administración de este recurso, dejando a un lado las decisiones locales y, señalaron, quitando las concesiones a los productores agrícolas.
“Se prohíbe la transmisión libre de derechos de agua y no habrá transferencias automáticas de concesiones. Cuando se vendan, renten en tierras, la transmisión quedará sujeta a autorización discrecional de la autoridad”, señaló Humberto Ambriz, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Morena explicó que el único objetivo de esta ley es regularizar y administrar las concesiones y emitir nuevos títulos, con los mismos volúmenes de subministro, respetando en binomio tierra – agua, y con ello los productores tendrán certeza de que podrán heredar, transmitir y vender sus derechos.
“Cuando una persona compra tierras agrícolas vinculadas a un título de concesión, se conserva el derecho al agua, la autoridad del agua expide simplemente un nuevo título, no discute si es o no, con un volumen que ya está concedido en la concesión”, puntualizó Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
La oposición afirmó que lo que pretende el Estado con esta reforma, es controlar el acceso al agua a los productores y condicionar sus volúmenes, sin atender sus exigencias.
“Con esta ley, el resultado será inevitable, menos producción, más escasez, precios más altos y regiones rurales quebradas, y eso será responsabilidad de Morena, por esa obsesión de control, pero mientras los productores exigen justicia, ustedes los criminalizan”, consideró Paulo González, diputado del Partido Acción Nacional (PAN).
La nueva ley también endurece las sanciones contra quienes usen el agua de forma distinta a la concesionada, la transfieran ilegalmente, la desvíen de sus cauces y castiga el soborno en las concesiones con penas que van de los tres meses y hasta los ocho años de cárcel y sanciones de más de tres millones de pesos.
Se crea también un Registro Público de Concesiones para transparentar su uso y evitar acaparamientos, además se prevé la creación de un fondo de reserva con los volúmenes liberados por caducidad o revocación, que podrán ser reasignados por la autoridad hídrica, y se reconocen los sistemas comunitarios de agua para uso personal o doméstico fuera del mercado.
Tras su aprobación con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, el dictamen fue enviado al Senado de la República, donde se prevé se discuta este mismo jueves.