Por primera vez en su nueva era, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue sitiada; el cerco retraso las actividades de los empleados y el pleno durante horas.
¿La razón? La oposición de activistas a favor de la vivienda digna a un proyecto de resolución elaborado por la ministra María Elena Ríos González que dejaría firme lo establecido por la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de que un desalojo sólo puede realizarse bajo mandamiento judicial.
Ante ello, los manifestantes, integrantes de colectivos como Cuba 11, Antigentrificación o Congreso Ciudad de México, señalan que la propuesta legaliza los desalojos a la fuerza y deja en la indefensión a los inquilinos ante las acciones de las inmobiliarias.
Los manifestantes tomaron el cruce de Pino Suárez y Carranza, y bloquearon el acceso de vehículos. Conforme avanzó el tiempo, bloquearon los accesos de Carranza, Erasmo Castellanos y Corregidora.
Fueron horas de caos. Decenas de empleados en el frío y una fila de autos que se extendía por al menos una cuadra, mientras personal de la Corte y los activistas negociaban que los ministros pudieran acceder y, a medias, los trabajadores.
Tras esto, una comitiva de los activistas ingreso al recinto, pero tuvo que esperar hasta el fin de la sesión, en la que el ministro presidente Hugo Aguilar anunció que el proyecto de Ríos González se retiraba de la lista.
Después vino la reunión con los ministros Aguilar y Espinosa, la cual agradecieron, pero advirtieron que seguirán con sus movilizaciones hasta que el documento se deseche o modifique.
“El presidente ministro de la Corte nos ha dicho que él se maneja con sinceridad y lo que él nos dice es que vamos a ir viendo qué se cumple. Hoy nos ha dicho que hoy se suspende este proyecto de sentencia, entonces, como dice el compañero licenciado Arturo, hoy celebramos, pero mañana seguiremos presionando”, comentó Eduardo Alanís, miembro del Frente Antigentrificación.