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Chiapas vs. matrimonio infantil: penas por cohabitación forzada

Legisladores dijeron que las tradiciones no pueden estar por encima del interés superior de la niñez, ya que podrían encubrir delitos graves.

En sesión extraordinaria, el Congreso de Chiapas aprobó castigar con penas de ocho a 15 años de prisión y multas equivales a casi 300 mil pesos, a quien obligue a mujeres menores de edad a casarse o cohabitar con hombres de forma forzada.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Rosa Linda López Sánchez, el objetivo de la reforma a la ley del Código Penal de Chiapas es erradicar los matrimonios infantiles y uniones informales obligadas, “sobre todo en pueblos y comunidades indígenas que llevan a cabo esta práctica bajo los usos y costumbres“.

Aumentarán agravantes

Ante ello, los legisladores establecieron que las agravantes aumentarán las condenas cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afromexicanas.

“Con ello, se penalizará a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor de edad, o a quien no tenga capacidad para comprender el hecho, a vivir de manera informal con otra persona”, destacó Rosalinda López.

Usos y costumbres, no son justificantes

Asimismo, puntualizó que la iniciativa no va en contra de los usos y costumbres, sino que va en contra de prácticas que no pueden seguir justificándose, ya que vulneran derechos, libertades y la dignidad humana.

“Las tradiciones no pueden ser un escudo para permitir la violencia, ninguna práctica por antigua o extendida que sea, puede estar por encima de los derechos humanos ni del interés superior de la niñez”, aseveró.

Encubrimiento de delitos graves

Agregó que en muchos casos estas prácticas encubren delitos graves, por lo que no es una opción política, sin una obligación constitucional, ética y humana.

“No importa si existe un consentimiento familiar, no importa si se presenta como un acuerdo comunitario, cuando una menor es entregada para vivir en una unión forzada se le expone al abuso. El Estado no puede ser neutral frente a esta realidad, la neutralidad aquí es complicidad”, finalizó Rosalinda López.

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