El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de las personas adultas mayores privadas de la libertad, incluido su acceso a la Pensión para el Bienestar.
El Instituto sostuvo que cualquier persona adulta mayor en México tiene derecho a recibir este apoyo social, independientemente de su condición jurídica o del lugar donde cumpla una sentencia.
Este compromiso quedó reflejado en la defensa de un adulto mayor que cumple una condena en el penal de la Villa de Etla, en Oaxaca. Al solicitar su incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Secretaría de Bienestar y la Delegación Estatal de Programas rechazaron su petición.
Las autoridades argumentaron que debía presentarse personalmente en un módulo de atención, requisito imposible de cumplir debido a su condición de persona privada de la libertad.
Además, rechazaron la alternativa propuesta para que personal acudiera al centro penitenciario y realizara el registro correspondiente, dejando sin opciones al solicitante.
Ante esa negativa, el Instituto Federal de Defensoría Pública promovió un juicio de amparo, identificado con el expediente 412/2026, para proteger sus derechos.
Tras analizar el caso, un juez federal resolvió a favor del usuario y de sus asesores jurídicos, al considerar que la respuesta de la autoridad fue incongruente.
La resolución también reconoció que el solicitante enfrenta una doble vulnerabilidad, al ser una persona adulta mayor y encontrarse privada de la libertad.
El fallo establece que el Estado debe adoptar medidas para garantizar el acceso efectivo a sus derechos, eliminando obstáculos administrativos incompatibles con su situación.