Nacional

Senado aprueba nacionalidad única en candidaturas

Los titulares del Poder Ejecutivo Federal y local no podrán adquirir otra nacionalidad ni utilizar documentos de identidad extranjeros.

En México, cualquier persona que aspire a ser presidente o presidenta, gobernador o gobernadora, jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México deberá ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, así lo aprobó este martes el Pleno del Senado de la República.

Con 86 votos a favor y 42 en contra, los legisladores avalaron en lo general y en lo particular el dictamen de la iniciativa de reforma que exige nacionalidad única para aspirar a la presidencia, gubernaturas y jefatura de gobierno de la CDMX, a partir del proceso electoral de 2028.

FOTO: Especial

Discusión de las reservas

La tarde de este martes, los legisladores debatieron en el Pleno las reservas presentadas sobre la propuesta de reforma que, entre otras disposiciones, establece lo siguiente:

  • Gozar plenamente de sus derechos.
  • Ser hijo o hija de padre o madre mexicanos.
  • No tener ni adquirir otra nacionalidad.
  • En caso de tener otra nacionalidad, renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato o candidata.

Artículos que se modifican

La reforma establece cambios en los siguientes artículos constitucionales: 

  • Presidencia: modificación al Artículo 82
  • Gubernaturas: modificación al Artículo 116
  • Jefatura de Gobierno de la CDMX: modificación al Artículo 122

Destaca que las personas titulares del Poder Ejecutivo Federal y de los poderes ejecutivos locales no podrán adquirir otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad extranjeros ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.

Objetivo de la reforma

Como parte del proceso legislativo, el pasado 22 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el presente dictamen, este martes correspondió al Senado su análisis y aprobación.

La reforma sobre nacionalidad única fue una propuesta que el gobierno federal presentó el 27 de agosto pasado, con el objetivo de “corregir un vacío legal que existe”, explicó la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, y que generó confusiones interpretativas respecto a la ciudadanía de quienes aspiran a un puesto de representación.

Con información de Salvador Martínez.

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