La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades de Yucatán por la retención ilegal, uso excesivo de la fuerza y violaciones graves a los derechos humanos contra el joven José Eduardo Ravelo, lo cual derivó en su muerte. El 16 de agosto de 2021, la CNDH recibió la queja formulada por una persona defensora de derechos humanos en la que señaló que el 21 de julio de ese año, elementos de la Policía Municipal de Mérida detuvieron a un joven cuando caminaba por calles del Centro Histórico, quienes lo trasladaron a las instalaciones de la comandancia de la corporación policial donde fue torturado, causándole lesiones graves que derivaron en su posterior fallecimiento. La madre de la víctima solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (CODHEY), lo que motivó posteriormente la radicación del expediente de queja respectivo; asimismo, la Fiscalía General de esa entidad inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio cometido en agravio de la víctima. Ante la gravedad de los hechos difundidos en medios de comunicación, las diversas declaraciones públicas realizadas por autoridades estatales y municipales, aunado a que el presente asunto trascendió en la opinión pública nacional, la CNDH ejerció la facultad de atracción para investigar las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de la víctima. Tras la investigación de los hechos, la CNDH contó con elementos suficientes para acreditar violaciones graves a derechos humanos a la vida, libertad e integridad personal y seguridad jurídica, con motivo de la retención ilegal y uso excesivo de la fuerza que derivó en tortura y como consecuencia la privación de la vida de la víctima, imputables a autoridades del estado de Yucatán y del municipio de Mérida. Este organismo autónomo consideró que la Fiscalía General de la República, atendiendo a la facultad de atracción que ejerció en la investigación y persecución de los delitos, deberá continuar con la investigación a efecto de que sea la autoridad jurisdiccional competente la que determine bajo sentencia, si fuera el caso, la pena correspondiente de los responsables. Por lo expuesto, este organismo nacional emitió la Recomendación 50VG/2022, dirigida al fiscal general de Justicia del estado de Yucatán y a la presidenta municipal de Mérida. Se recomendó al fiscal general de Justicia del estado de Yucatán -en términos generales- que continúe con la investigación del homicidio y el probable abuso sexual cometido en agravio del joven, debiendo practicar todas las diligencias necesarias para determinar la probable responsabilidad penal de las personas servidoras públicas que, en el ejercicio de sus funciones, las ejecutaron. También de aquellas que las autorizaron y/o toleraron la consumación de dichas conductas delictivas y, en su momento, se judicialicen las indagatorias respectivas para que el juzgado de control del conocimiento determine lo que conforme a derecho corresponda. De igual forma que coadyuve con la FGR en la integración de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio del joven, a fin de que las víctimas indirectas tengan acceso pleno a la justicia. La CNDH también pidió ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares directos de la víctima, con motivo de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en su agravio, consistentes en derecho a la vida, la libertad e integridad personal y seguridad jurídica, con motivo de la retención ilegal, y tortura derivada del uso excesivo de la fuerza que motivó la pérdida de la vida del joven. Y por último, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se otorgue a la madre de la víctima una reparación integral del daño, mediante el pago de una compensación y/o indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos.