La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado Mexicano por las irregularidades que se cometieron durante la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, ocurrida el 19 de octubre de 2001.
En ese sentido, la investigación absolutamente deficiente de la muerte de la señora Digna Ochoa por parte de las autoridades mexicanas, junto al hecho de que se hayan descartado arbitrariamente otras líneas de investigación, no permitió arrojar luz sobre las circunstancias particulares que rodearon esta muerte”, señaló.
Asimismo, determinó que, desde el inicio, la investigación estuvo sesgada por estereotipos de género, que buscaban cuestionar la credibilidad y denostar la imagen pública de la activista.
Además, señaló que hubo “graves fallas” en el manejo de la escena del crimen.
Ante ello, el organismo internacional ordenó a México diversas medidas de reparación, entre ellas:
- Reabrir el caso para determinar las circunstancias de la muerte
- Sancionar a los responsables del crimen que, hasta ahora, sigue impune
También dijo que el Estado Mexicano deberá reconocer públicamente su responsabilidad y tendrá que crear un reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos que lleve el nombre de “Digna Ochoa y Plácido”.
Digna Ochoa era abogada y tenía 38 años cuando fue acribillada en su despacho, ubicado en Ciudad de México.
Se especializaba en la defensa de casos de personas encarceladas injustamente, defensores de la tierra y víctimas de tortura.