Miles de sudaneses protestaron este sábado en las calles para pedir un retorno a la vía democrática tras el golpe de Estado llevado a cabo el lunes por el general golpista Abdel Fattah al Burhan, que se vio seguido de una cruenta represión que ya ha dejado al menos 11 muertos y decenas de heridos.
Al menos dos manifestantes murieron a manos de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Omdurmán, situada frente a la capital, Jartum, anunció en Twitter un sindicato de médicos prodemocracia.
La protesta, celebrada en Jartum y otros puntos del país, estuvo marcada por las consignas contra el ejército, que patrullaba la capital, cortaba puentes y registraba vehículos y a los transeúntes.
“Queremos un régimen civil y no aceptaremos la repartición de poder con los militares, tiene que ser 100% civil”, dijo a Hashem al-Tayeb, un manifestante en el sur de Jartum.
La respuesta del ejército será vigilada por el mundo entero, advirtió un alto responsable estadounidense. “Será una verdadera prueba de las intenciones de los militares”, alertó.
El riesgo de un nuevo baño de sangre en este país diezmado por los conflictos no menoscaba la determinación de los manifestantes, aseguró a AFP la militante prodemocracia Tahani Abbas.
“Los militares no nos dirigirán, aquí dejamos nuestro mensaje”, agregó. Para ella y muchos de los presentes, esta protesta, llamada “manifestación del millón” de personas, no es más que “un primer paso”.
En un país dirigido casi sin interrupción por los militares en sus 65 años de independencia, la calle decidió levantarse ante el general Burhan, que disolvió el lunes las instituciones del gobierno de transición y arrestó a la mayoría de líderes civiles.
Tras el golpe, Estados Unidos y el Banco Mundial frenaron su ayuda, vital para un país sumido en una inflación galopante y una pobreza endémica. La Unión Africana suspendió a Sudán y el Consejo de Seguridad de la ONU exige el regreso de los civiles al poder.
Para los manifestantes, “no hay vuelta atrás posible” tras la revuelta que tumbó en 2019 al dictador Omar al Bashir, un general que llegó al poder gracias a otro golpe, hace 30 años. Derrocarlo tuvo un alto precio: seis meses de movilización y más de 250 muertos.
Desde el lunes, muchos sudaneses declararon “desobediencia civil” y se protegen tras las barricadas de las balas reales o de goma y los gases lacrimógenos de las fuerzas de seguridad.
Jibril Ibrahim, ministro de Finanzas que había apoyado la sentada pro-ejército antes del golpe de Estado, ya advirtió a los manifestantes que “destruir los bienes públicos no es una manifestación pacífica”, en un mensaje Twitter.
“Los golpistas intentan perpetrar actos de sabotaje buscando un pretexto para desencadenar la violencia”, dijo por su parte el portavoz del gobierno derrocado en Facebook, que apoya el retorno de los civiles al poder.
Esta vez “los dirigentes militares no deben equivocarse: el mundo los mira y no tolerará más sangre”, avisó Amnistía Internacional.
El golpe sepultó las esperanzas de unas elecciones libres a finales de 2023 y llevó al país de nuevo a un peligroso limbo.
Casi la totalidad de dirigentes civiles, que integraban junto a los militares las instituciones de la transición ahora disueltas, están todavía detenidos o en arresto domiciliario.
Hace nueve días, decenas de miles de sudaneses habían marchado al grito de “Burhan, deja el poder”, una manifestación que probablemente precipitó la maniobra del ejército.
El general golpista asegura que no ha dado un golpe sino que ha actuado para “evitar una guerra civil” y para “rectificar el rumbo de la transición sudanesa”.
