Ser mujer en México representa no sólo un desafío sino también una lucha histórica. Ser mujer, indígena, madre, artesana y víctima indirecta de la injusticia es todo una interseccionalidad de opresiones.
Rosita Vázquez Gómez, conocida por todos como Doña Rosita, es una mujer maya tsotsil de los Altos de Chiapas. Tiene 54 años y es artesana. La mayoría de su tiempo la pasa en San Cristóbal de las Casas, ahí está su centro de trabajo, vende sus productos en la ciudad, la escuela de sus hijos y también está cerca de su esposo.
El próximo 20 de noviembre será su cumpleaños y aunque estará rodeada de sus hijos, tiene un pendiente que le ha quitado la tranquilidad en los últimos casi dos años: Cristóbal Sántiz Jiménez, su esposo, se encuentra privado de su libertad.
Denuncia que es un preso político, porque se enmarca en el conflicto territorial y agrario que se mantiene activo entre el municipio de Aldama y Santa Martha Chenaló, en los Altos de Chiapas.
“Invadiendo, invadiendo, invadiendo nuestro territorio. A partir de 2016 que empezó más fuerte el problema, pero eso ya viene desde hace mucho, de por allá de los setenta, ya tiene rato. Eso ya venía, que están quitando el terreno y pobre de la gente, porque le quitan terreno”, expresa Doña Rosa a Once Noticias.
Fabricación de delitos, el caso de Cristóbal Sántiz
A Doña Rosita le gusta hacer bromas y se ríe ante las simplezas de la conversación, pese a que de vez en vez se percibe que su voz se quiebra. En español, cuenta que su esposo fue detenido el 14 de marzo de 2020, a inicios de la pandemia.
Cristóbal es representante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama. Fue detenido por agentes de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas cuando salía de su trabajo, en San Cristóbal de Las Casas.
Él era conserje en el CECATI 133 que se ubica en la ciudad. Ese día salió a las 6:50 de la mañana, le tocó quedarse toda la noche como velador, para dirigirse a su casa cuando fue detenido de forma arbitraria.
“La gente de Santa Martha [Chenaló] lo acusaron de que mató a una persona, pero no es cierto, la verdad ni era cierto. Lo acusaron desde 2018. Pues la verdad que es inocente, injustamente que a un vocero lo metan en la cárcel. Ya va un año con ocho meses. Es muy triste, no era cierto”.
Y es que antes de esta detención Cristóbal había sido acusado, pero fue absuelto por el presunto delito de “homicidio calificado”.
Fue llevado al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 14, conocido como “El Amate”, en el municipio de Cintalapa (ubicado a 142 km de distancia de la ciudad de San Cristóbal), aproximadamente. En este lugar, según comparte Doña Rosita, fue golpeado y torturado.
“No lo dejaron hablar, es una violencia lo que le pasó mi esposo, violaron nuestro derecho. Lo llevaron al “Amate”, saliendo a las 6:50 lo detuvieron, ¿por qué lo fueron agarrar ahí donde está trabajando?, ¿por qué no vinieron aquí a mi casa?”, cuestiona Doña Rosa.
Cuando fue detenido su familia no supo de él y tuvieron que salir a buscarlo porque le quitaron el celular.
“Comenzamos a buscarlo en hospitales, en todos lados. No pues fue un relajo que nos hizo, no sabemos lo que está pasando, ese día que lo detuvieron no sabíamos”, explica Rosita.
Unas semanas después la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que solicitó medidas cautelares para Cristóbal Sántiz, por los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que fue víctima por parte de las autoridades y solicitó su traslado al CERESO número 5, en el que permanece detenido de forma preventiva hasta la actualidad.
En agosto del año pasado, cuando Cristóbal estaba en el Amate, escribió una carta en la que dijo que “las pesadillas soñadas por las comunidades maya tsotsiles desplazadas de Aldama han sido premonitorias de la violencia ejercida contra ellas, desde hace más de cuatro años”.
En diciembre de 2020, organizaciones civiles como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exigieron, a través de un comunicado, la libertad inmediata de Cristóbal.
En ese momento las organizaciones enfatizaron que la presunta acusación a Cristóbal era una represalia por su trabajo en la defensa de los derechos humanos.
Hasta el año pasado se registró que hubo 3 mil 499 personas que fueron desplazadas por el conflicto agrario y territorial entre Aldama y Santa Martha Chenalho.
El camino ha sido largo y más en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 lo que ha impacto negativamente para que el caso avance. Al respecto, Doña Rosita menciona que:
“Por la pandemia no puede trabajar tanto el abogado, en 2020. Ya con eso fue difícil trabajar, hasta ahí no podemos ver a mi esposo, no podemos entrar. Nosotros ahí estamos luchando porque lo libere. Injustamente está como preso político, al gobierno no le gusta lo que está hablando mi esposo, hace frente a los invasores, entonces lo meten a la cárcel. Violan nuestro derecho, porque están aplastando a la gente indígena, porque no hay respeto, entonces nos humilla, nos amenaza el gobierno”.
Y es que apenas se llevó a cabo la primera audiencia el pasado 1 de octubre, aunque en el Amate tuvo otra “entonces quedó como vinculación de cuatro meses, otro de 3 meses, porque son dos carpetas. Ahorita que fue su audiencia el 1 de octubre, pasó bien, gracias a dios. El abogado tiene todas las pruebas, tiene sus asistencias de dónde está el trabajo, es muy falso de lo que están acusando. El próximo 9 de noviembre será su siguiente audiencia”, afirma.
Doña Rosa relata que Sántiz estuvo presente en la firma de los Acuerdos de «No Agresión» entre las comunidades de Aldama y Chenalhó, el 4 de junio de 2019. Sin embargo, el conflicto no se solucionó y los ataques se reactivaron. El 27 de noviembre volvieron a firmar acuerdos entre ambos municipios, pero nada de eso ha servido ya que los ataques son constantes.
Doña Rosa, artesana y madre
Rosita junto a Cristóbal tienen 6 hijos, pero dos de ellos ya están casados. Por la detención de su esposo, Rosita es la que sostiene su hogar.
“Mi hijo estudia la universidad, otra apenas terminó su prepa, mi otro hijo que apenas entro a la prepa. Es un gran gasto para mí, pero como luego hacen pedidos de artesanía, y un poco que me ayudan mis hijos, eso es lo que estoy así. Venta de artesanía”.
Ella hace blusas, bufandas, manteles, cosmetiqueras o bolsas y las vende en la ciudad de San Cristóbal, de esas ventas sostiene a sus hijos y su mayor fuerza es el amor por su familia.
Pues qué le voy hacer, si me pongo triste que me voy a enfermar. Sí yo me empiezo a poner muy triste que me voy a enfermar y también a mis hijos y qué voy a hacer, entonces soy fuerte y voy a luchar con ellos”, subraya Doña Rosita.
La puesta en libertad de Cristóbal continúa pendiente para él, para Rosita y para su familia, así como el fin de la violencia en ambos municipios, una violencia histórica pero a la que urgen poner fin.