El exsecretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, promovió un juicio de amparo contra orden de aprehensión librada en su contra, y que sería la recientemente anunciada por la Fiscalía General de la República, por el caso del operativo “rápido y furioso”. El exfuncionario federal, preso en Estados Unidos por narcotráfico, presentó su demanda de amparo el pasado 27 de enero, 28 días después de que un juez concedió a la FGR la solicitud de la orden de aprensión en su contra por el caso “rápido y furioso”, que permitió la entrada ilegal al país de más de 2 mil 500 armas de fuego que fueron a parar al Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la juez Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia penal, aún no admite a trámite la solicitud de amparo, y dio un plazo de cinco días a García Luna, para que precise de manera específica cuál es el acto reclamado y autoridades a quienes se lo atribuye, además de fecha de conocimiento y antecedentes de los hechos impugnados. De acuerdo con la notificación, en dos ocasiones la defensa del imputado ha presentado escritos para desahogar el apercibimiento de la juez, pero ésta considera que no se han atendido en su totalidad los puntos requeridos, por lo que no ha dado entrada a la demanda de amparo. La FGR dio a conocer que el pasado 9 de febrero un juez federal libró siete órdenes de aprehensión por el delito de tráfico de armas relacionado con el caso de “rápido y furioso”, en contra de Genaro García; Joaquín “El Chapo” Guzmán, exjefe del Cártel de Sinaloa; Luis Cárdenas Palomino, excoordinador de Inteligencia de la desaparecida Policía Federal, y el excomisionado de la PF, Facundo Rosas. La FGR afirmó que en el caso de García Luna existen ya otras dos órdenes de aprehensión dictadas por jueces mexicanos, que han motivado su solicitud de extradición. El caso “rápido y furioso” tuvo por objeto traficar ilegalmente más de 2 mil armas de fuego de los Estados Unidos a México, con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios, lo cual no se cumplió y resultó será absolutamente ilegal e inadmisible. De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dichas armas fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes.