María Macarena Chávez, diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso imponer penas de dos a ocho años de prisión y multa de 500 a mil días conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a quien venda o distribuya medicamentos propiedad de las instituciones de salud pública, esto para evitar la incidencia en la reventa de insumos sanitarios pertenecientes al Estado.
La secretaria de la Mesa Directiva Cámara de Diputados señaló que para alcanzar este propósito se debe de reformar la Ley General de Salud (LGS), ya que este delito incide de manera negativa contra todos los derechohabientes a servicios de salud que se violenta de manera directa su acceso a la salud digna y tratamientos adecuados en el momento que padecen una enfermedad.
La iniciativa plantea adicionar el inciso V al Artículo 464 Ter para establecer sanciones a quien ofrezca en venta, comercie, posea, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, muestras médicas, materias primas o aditivos propiedad de las instituciones del sector salud, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación.
Asimismo, dice que en caso de que funcionarios o empleados de dichas instituciones sean quienes cometan tales ilícitos, la pena se incrementará en 50%.
Además, se pretende modificar el Artículo 225 de la LGS con el fin de que en el empaque de los medicamentos se use una presentación distinta entre los destinados al sector público, los cuales deberán presentar las leyendas “prohibida su venta” y “la venta al público de este medicamento constituye un delito en los términos de la Ley General de Salud”.
Durante la exposición de motivos, Chávez Flores dijo que la venta en el mercado negro de medicamentos sustraídos de manera ilícita de clínicas, hospitales, almacenes y depósitos de las distintas instituciones de salud, tanto federales como locales, contribuye al incremento de dicho mercado que se nutre de medicamentos falsos y/o adulterados.
Bajo esa lógica, señaló que en la clandestinidad también hay fármacos de importación irregular, los cuales son parte de la gama de fuentes de ingresos tanto para el crimen organizado como para el menor en México.