Las autoridades municipales son las principales responsables de las agresiones en contra de periodistas y personas defensoras de los Derechos Humanos, por encima del crimen organizado, aseveró Enrique Irazoque, coordinador ejecutivo de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
“Entre 40 y 45% de las agresiones que sufren periodistas y personas defensoras de los derechos humanos provienen de las propias autoridades, principalmente municipales; es decir, no solamente hay autoridades municipales que se han alejado del tema y no quieren asumir su responsabilidad de protección hacia estos dos sectores, sino que además han tomado la decisión de ser parte del problema”, dijo Enrique Irazoque.
Al reunirse con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el funcionario de la Secretaría de Gobernación apuntó que otro 30% de las agresiones y amenazas contra estos dos grupos proviene del crimen organizado.
El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dijo que los estados y municipios deben asumir su responsabilidad.
“El mecanismo por sí solo no va a resolver la inercia de asesinatos que siguen existiendo en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Si el mecanismo no cuenta con la coordinación, colaboración y con la claridad de los demás órdenes de gobierno en esta situación, la situación no se va a revertir”, agregó.
Enrique Irazoque señaló que el otro gran problema es la impunidad. Apuntó que mientras no haya acceso a la justicia y reparación del daño, las cosas no cambiarán sustancialmente.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, de diciembre de 2018 a febrero de 2022 fueron asesinados 55 periodistas; solamente en seis casos se dictó sentencia a los responsables.
En el caso de las personas defensoras de derechos humanos, en el mismo periodo fueron asesinadas 98; solamente en dos casos se dictó sentencia a los responsables.
Irazoque Palazuelos adelantó que se presentará una iniciativa de reforma constitucional para tener una ley general que cree obligaciones y corresponsabilidades hacia las autoridades estatales y municipales, que además sea vinculatoria, a fin de resolver estos problemas estructurales.