Por unanimidad, en el Pleno de la Cámara de Diputados se aprobaron reformas al Artículo 225 del Código Penal Federal, mediante el cual se tipifica como delito que funcionarios públicos filtren imágenes, audios o información de víctimas de violencia de género, pues estarían revictimizando a quienes sufren una agresión.
Estos cambios se conocen como la “Ley Ingrid”, en honor a Ingrid Escamilla Vargas, una víctima de feminicidio que en 2020 fue asesinada por su esposo y que indignó a la sociedad por las imágenes que se filtraron en medios de comunicación y redes sociales.
Las reformas ahora pasarán al Senado de la República.
El año pasado, el Congreso de CDMX aprobó la “Ley Ingrid” por unanimidad -con 58 votos a favor- para sancionar con dos a seis años de cárcel y multas de más de 89 mil pesos a servidores públicos que filtren imágenes de un crimen.