América Central, en ella México, es una región afectada por las distintas formas de violencia, principalmente por la violencia armada, y la desigualdad, que se expresa de manera visible e invisible.
El impacto negativo a las poblaciones se expresa en crisis humanitarias, por lo que es un reto colectivo de este siglo hacer frente entre gobiernos, autoridades, sociedad civil, organismos y organizaciones humanitarias, para buscar soluciones urgentes, detalló el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en sus Balances Humanitarios 2021-2022, presentados el pasado viernes.
Y es que los problemas que aquejan a la región son muchos, por lo que es difícil priorizar unos sobre otros; sin embargo, cinco son apremiantes dado el impacto humanitario, detalló Jordi Raich, jefe de la delegación regional del CICR para México y América Central, en la presentación del Balance: migraciones, desapariciones, uso de la fuerza, emergencia carcelaria y cambio climático.
Problemas y acciones
En migraciones y desplazamientos el CICR señala que de 2019 a 2021 se documentó un aumento de personas migrantes detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM), quien reportó aumento de 41%, al pasar de 182 mil 940 (en 2019) a 307 mil 679 (en 2021).
Asimismo, 24% de la población aprehendida en México, en 2021, fueron niñas, niños y adolescentes no acompañados (menores de 11 años).
Algunas acciones que ha realizado el CICR, a través de la Cruz Roja Mexicana, para atender esta problemática son: al menos 12 mil 132 personas migrantes recibieron atención médica en 8 puntos de la Cruz Roja Mexicana, así mismo 23 mil 022 llamadas telefónicas y 25 mil 621 servicios de internet fueron brindados en 41 puntos operados por albergues de la sociedad civil y en 15 puntos de la Cruz Roja Mexicana, con el objetivo de restablecer contacto con familiares y disminuir los riesgos de desaparición en las rutas migratorias.
Con respecto al fenómeno de las desapariciones, CICR enfatiza que en México hay más de 96 mil 300 personas desaparecidas en el Registro Nacional, de las cuales más de 7 mil 700 fueron reportadas, en 2021.
Además persiste una emergencia forense con cerca de 52 mil personas fallecidas no identificadas en fosas comunes de cementerios públicos o servicios forenses, según estimaciones de instituciones oficiales y de organismos no gubernamentales.
Ante este panorama, el organismo internacional enfatiza la urgencia de impulsar una eficiente implementación de la Ley general en materia de desaparición de personas en el país.
En sus acciones, mil 680 familiares de personas en dicha situación se beneficiaron de asesoría y acompañamiento en el marco de mesas de trabajo con autoridades, capacitación, eventos y procesos de búsqueda. Asimismo 450 personas fallecidas serán resguardadas de forma digna en Guerrero y 12 en Ciudad Acuña, en una osteoteca y una morgue, construida con apoyo del CICR.
Con respecto al cambio climático, detalla CICR, los efectos negativos del cambio climático se han robustecido con la pandemia y los contextos de violencia.
CICR advierte que el cambio climático se ha expresado en “la frecuencia de huracanes, inundaciones, temperaturas extremas, desertificación, pérdida de biodiversidad y sequías como las que se registran en el corredor árido […] desde Chiapas hasta Costa Rica”.
Los más afectados son las poblaciones desfavorecidas, porque se ven impactos en muchas situaciones, por ejemplo, en su acceso a la salud, pérdida de infraestructura y vivienda, etc.
Es así que CICIR para garantizar acceso a servicios de salud y de infraestructura ayudó a que 600 personas se beneficiaran de proyectos de mejoras de infraestructura y de creación de espacios comunitarios seguros en Tamaulipas (Ejido el Ebanito) y Acapulco (Colonia Zapata), sólo para resaltar un ejemplo.
En el caso del uso de la fuerza, el organismo internacional documentó que en los últimos años las Fuerzas Armadas en la región se han incorporado en las tareas de seguridad pública como respuesta para enfrentar el aumento de la violencia; sin embargo, resulta preocupante porque el exceso del uso de la fuerza militar tiene lamentables consecuencias humanitarias.
El contexto de la pandemia puso en evidencia la vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad, por lo que CICR enfatiza que se deben destinar “presupuestos adecuados para el acceso a la atención sanitaria y que se garantice la vacunación de las personas privadas de libertad”.
Detalló que también continúan formulando recomendaciones a las autoridades para trabajar sobre la política criminal y en el debate de penas alternativas a la privación de la libertad, en población vulnerable –como adolescentes, madres, mujeres embarazadas y personas con enfermedades graves–.
Desnormalizar la violencia
Desde que CICR llevó a cabo su primera misión humanitaria en México, en 1994, ha documentado las consecuencias humanitarias de la violencia armada.
Este tipo de violencia “no solo afecta el presente de muchas personas, también hipoteca su futuro: incrementa las vulnerabilidades económicas y sociales de las poblaciones e impacta directa e indirectamente en sus rutinas y salud”, Miguel Adrián Ramírez González, jefe de operaciones del CICR en México.
Ramírez comparte que un reto importante es desnormalizar la violencia, para reconocer y tomar conciencia colectiva de cuánto cuesta la violencia en términos de vidas y futuros perdidos.
“Esto nos permite reconocer el dolor de las víctimas, nuestra indiferencia que revictimiza, recuperar la empatía, salir de nuestras propias burbujas, entender la violencia como un problema común y buscar, diseñar e implementar soluciones de calado”, señaló el jefe de operaciones.