La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades mexicanas conceder asilo político a un ciudadano guatemalteco de 80 años, quien fue deportado de manera ilegal, luego de que fue detenido por personal del Instituto Nacional de Migración (INM).
De acuerdo con la recomendación, Recomendación 62/2022, el centroamericano se encontraba en territorio mexicano desde inicios de noviembre de 2019, cuando solicitó ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reconocimiento de la calidad de refugiado, pues señaló que, de regresar a su país, su vida se encontraría en riesgo.
Pese a ello, el 9 de octubre de 2020, el Instituto Nacional de Migración (INM) inició un procedimiento administrativo migratorio y en la misma fecha, determinó su deportación a su país de origen, sin considerar que la persona migrante se ubica en el grupo de atención prioritaria de las personas adultas mayores, además de que contaba con la protección del derecho de no devolución.
De acuerdo con el relato de la víctima, una vez deportado a su país de origen, fue recluido en un centro de privación de la libertad, en donde los primeros ocho meses “la pasó muy mal”, recibió agresiones, intimidaciones y amenazas contra su vida e integridad.
Al analizar las pruebas presentadas, la CNDH acreditó que el INM violentó el derecho de no devolución que le otorgaba la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado.
Sumado a que no consideró las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, al situarse dentro del grupo de atención prioritaria de las personas adultas mayores, además de que no tomó en cuenta el riesgo en que se encontraban su vida e integridad al ser deportado.
Ante tal escenario, el organismo nacional pidió al comisionado del INM, Francisco Garduño, reparar la falta de observancia del principio al debido proceso en el Procedimiento Administrativo Migratorio que derivó en la ilegal deportación de la víctima.
Además, solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) otorgar una compensación económica justa y suficiente, atención médica y psicológica de manera gratuita de manera inmediata.
Por último, la CNDH exigió una sanción ante el Órgano Interno de Control del INM en contra de los servidores públicos responsables.