La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Román Meyer, y a las autoridades del municipio Atoyac de Álvarez, Guerrero, por violar el derecho a la vivienda de 75 familias damnificadas por un huracán y una tormenta tropical.
El organismo nacional pide a las autoridades estatales y municipales reparar el daño causado a dichas familias, por deficiencias en la edificación de sus respectivas viviendas, cuya construcción gestionó la Sedatu en el año 2018 con recursos del Fondo de Desastres Naturales, Fonden.
Ello, con la finalidad de mitigar las consecuencias de los dos fenómenos hidrometeorológicos en la Colonia El Mirador, comunidad de El Paraíso, ubicada en Atoyac de Álvarez, lo cual agravia el derecho a la vivienda de 75 personas y sus núcleos familiares.
La CNDH advierte que además de la deficiente construcción, la zona donde están dichas viviendas constituye un riesgo en caso de lluvias intensas, ya que no cuenta con obras que garanticen su estabilidad estructural.
Concluye que la Sedatu y el ayuntamiento de Atoyac de Álvarez son responsables por las violaciones al derecho a una vivienda adecuada, ya que las personas servidoras públicas responsables omitieron realizar las acciones de las cuales eran garantes, apartándose de su obligación de prevenir vulneraciones a derechos humanos.
Con base en lo anterior, pide a la Sedatu y autoridades municipales llevar a cabo el ingreso de las 75 personas agraviadas y sus familiares al registro nacional y estatal de víctimas, para que se les otorguen las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño.
Que se proceda a la inmediata reparación del daño ocasionado a las 75 víctimas, proporcional a la gravedad de las violaciones sufridas y se realicen todas las medidas necesarias para que se concluyan los trabajos para habilitar las condiciones de viviendas adecuadas a las casas de las 75 familias.
Además de asegurar que las viviendas sean entregadas con escritura pública a todas las víctimas y que éstas cuenten con los servicios urbanos básicos.