Hace más de 10 años, México incursionó en las Asociaciones Público-Privadas (APP) en el sistema penitenciario. Desde entonces, se han documentado algunos traspiés que han puesto en duda la efectividad de este modelo cuyo objetivo era ‘modernizar el sistema penitenciario’, principalmente por los efectos negativos en violaciones de derechos humanos de las personas privadas de su libertad y en su entorno familiar, así como en el costo-beneficio en diversos niveles, tal como comparte Documenta AC y México Evalúa.
Y es que este modelo no ha garantizado derechos humanos y falta transparencia en los contratos, por lo que no existe evidencia de que hayan sido eficaces, tal como se planteó en el año 2010, señalan especialistas en un informe presentado para evaluar la situación.
Además, hasta el año 2021, según declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador –durante una conferencia matutina del 13 de enero–, estos centros representaron un costo de 75 mil 661 millones de pesos y los contratos que se otorgaron fueron hasta por 20 años.
¿Cuál es la situación actual?
Las Asociaciones Público-Privadas en el sistema penitenciario se antecede desde finales de los años setenta en Estados Unidos y Reino Unido.
La incursión de México, sin embargo, es más o menos reciente, apenas en 2010 cuando Felipe Calderón Hinojosa anunció, en su cuarto informe de gobierno (2010), la construcción de este tipo de cárceles –bajo la supervisión del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, – con el objetivo de: “potenciar la capacidad de reclusión del Sistema Penitenciario Federal y asumir en instalaciones federales la custodia de la totalidad de la población del fuero federal”.
Por esta situación dijo que se construirían 12 centros penitenciarios, con una capacidad para 32 mil internos. Serían financiados y construidos mediante alianzas público-privadas bajo el esquema de contrato de prestación de servicios y se distribuirían en 12 polígonos: Sonora, Chihuahua Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Puebla y Zona Metropolitana (Hidalgo/Estado de México).
En la actualidad existen 8 CPS. Además, según detalla Inegi, en el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal (2020), durante 2019, ingresaron a centros penitenciarios federales siete mil 936 personas.
En comparación con la cifra reportada en 2018, el aumento de un año al otro, fue de 92.4% y los centros penitenciarios que concentraron la mayor cantidad de ingresos fueron los Centros de Reinserción Privados (CPS): Centro Penitenciario Federal 18 CPS Coahuila, Cefereso No. 11 CPS Sonora, Cefereso No. 13 CPS Oaxaca y Cefereso No. 12 Guanajuato.
En la actualidad hay 219 mil 117 personas privadas de la libertad en el país.
En 2019, se cerró el Complejo Penitenciario de las Islas Marías y la mayoría de la población fue trasladada al CPS de Coahuila, uno de los centros penitenciarios que, según detalla INEGI, lidera quejas ante organismos públicos de protección de derechos humanos: de un total de 111 solicitudes de quejas en 16 centros, 54.1% provinieron del CPS Coahuila.
En términos de costo-eficiencia, tal como señaló Vianney Fernández, investigadora de Documenta AC, dijo que tuvieron algunos hallazgos, por ejemplo, entre 2018 y 2021, el presupuesto diario de los centros federales fue de 1,092.60 pesos, mientras que en los Cefereso CPS fue de 3,356.46 pesos diarios.
Fernández resalta que en general no hay evidencia significativa de que la gestión privada del sistema penitenciario sea igual o superior a la gestión del sector público.
Otro hallazgo importante del informe fue que la introducción de la figura de las APP en el sistema penitenciario mexicano, fue anterior a la publicación de su marco regulatorio, “quiere decir que se jugó con una figura sin tener las reglas del juego”, señaló Vianney Fernández.
La especialista resaltó, sin embargo, que para que funcione el sistema de privatización penitenciario se deben tener en cuenta tres factores: los marcos normativos, la presencia de un agente regulador (el Estado) y el tipo de relación ciudadanía-estado.
Privatizar no garantiza DDHH de personas privadas de la libertad
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que ha monitoreado a estos centros, a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, hay evidencia de la falta de garantías al respeto de los derechos humanos, “pero es consecuencia de la omisión del Estado mexicano”, señala Fernández.
“Ningún Cefereso CPS cuenta con programa exclusivo de atención a personas adultas mayores, no hay suficiente personal de seguridad y custodia, no hay programas de prevención de accidentes al interior y hay fallas en la provisión de los servicios de salud”, enfatiza.
Al respecto la investigadora compartió que uno de los problemas es que 91% de los y las familiares viven en una entidad distinta al lugar que se ubica el centro penitenciario CPS, por lo que se traduce en escasa posibilidad de visitar a sus familiares. 41% de las personas encuestadas no tienen posibilidad de visitar a sus familias y 71% de los familiares que envían dinero a sus familias privadas de la libertad, lo destinan a gastos de comida y agua, “es alarmante, se supone que es un bien provisto del Estado”, subraya la especialista.
Además durante la pandemia pese a los llamados internacionales de optar por preliberaciones y conmutaciones de sentencia, y la aprobación de una Ley de Amnistía, no se tomaron en cuenta.
El informe señala que no hay elementos suficientes para conocer el número real de contagios y muertes provocadas por COVID-19 al interior de estos centros, por lo que concluyen que fue crítica la gestión sanitaria de la pandemia en estos CPS.
Según el informe, 61% de encuestados dijeron que sus familiares privadas de la libertad se enfermaron por la mala calidad de la comida.
“En la investigación se encontró que el contrato de provisión de alimento y hospitales, traen el nombre de La Castellana AC, y que otorgan servicio de alta calidad […] hubo irregularidades y se documentaron casos de que la comida estaba echada a perder”, dijo la especialista.
Entre otras violaciones a los derechos humanos a la salud es que una de cada tres personas encuestadas declaró que le cobran el servicio médico y no hay medicina preventiva.
El informe y la especialista enfatizan que la pandemia también evidencia la existencia de la desigualdad sistémica expresada en la total ausencia de perspectiva de género.
En enero de 2021, mil 973 mujeres se encontraban privadas de la libertad por delitos del fuero federal. De ellas, 33% se encuentra en el Cefereso CPS 16, el único centro femenil del fuero federal. A nivel nacional, las mujeres privadas de la libertad representan apenas 5% de la población y, en el fuero federal, dicha proporción alcanza 7 %.
“Crear un único centro femenil no ha resuelto la problemática relacionada con las condiciones de internamiento de las mujeres privadas de libertad. Sólo existe uno enfocado a la atención de mujeres, es imposible de llevar sus casos cerca de familiares y sin perder el contacto, lo que vulnera sus derechos. Además organismos internacionales han sugerido que mujeres con hijos pequeños o embarazadas pueden llevar sus procedimientos por conmutación de penas y otras alternativas. Además no operan servicios necesarios para todas las mujeres, es inexistente el sistema de salud”.
La especialista criticó que tanto las carencias y omisiones provienen del Estado y en ausencia de este, con el argumento de que son sistemas privados, son los familiares quienes están incurriendo con los gastos, por lo que hay dos tipos de costos: pecuniarios y emocionales.
De 2019 a 2021 se cerraron cinco Centros Federales de Reinserción Social más grandes del país: Islas Marías, Sureste de Huimanguillo, Norte de Ciudad Juárez, Puente Grande, y Matamoros. Se trasladaron a más de 3 mil 500 personas privadas de libertad de diferentes centros del país hacia los CPS, sin embargo, para las familias eso ha representado altos impactos, tal como apunta Vianney Fernández:
“no sólo es el dinero sino el estrés por la pandemia, la distancia o una mala actuación de autoridades, porque no pueden estar cerca de familiares, es el principal motor para pensar en que se necesitan cambios en el sistema penitenciario”, concluyó.