En los 11.9 millones de registros que integran la investigación internacional “Pandora Papers”, se menciona a 3 mil 47 empresarios y políticos mexicanos, que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto habrían sido clientes o usuarios de empresas “offshore”, para evadir impuestos en paraísos fiscales.
De acuerdo con la investigación, este tipo de empresas aprovechan la falta de vigilancia de las autoridades y se hacen pasar por los dueños del dinero, con un costo al fisco mexicano de más de 8 mil millones de dólares al año.
En la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, similar a la denominada “Panamá Papers”, destacan los nombres de Ricardo Pierdant, empresario que en 2014 pagó el predial de un piso en un departamento en Miami, propiedad de Angélica Rivera, actriz y exesposa del expresidente Peña Nieto.
También se menciona a Francisco Labastida Gómez de La Torre, hijo del excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa, y a Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico del país y dueño de Grupo México.
De igual forma se menciona a la reconocida empresaria María Asunción Aramburuzabala, cofundadora de Grupo Modelo y considerada como la sexta persona más rica del país, según la revista Forbes.
A estos se suman el exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez; José Manuel Sánz, jefe de oficina del Gobierno de Morelos; Fernando Donato de Las Fuentes, secretario de Gobierno de Coahuila; Juan Ignacio García Zalvidea, exalcalde de Cancún y Juan Carlos Márquez, secretario de Salud de Oaxaca.
También figuran en esa lista Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel; Jesús Murillo Ortega, hijo del exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam y el empresario Francisco Antonio José Patrón Laviada, entre muchos otros más.
No hay que olvidar que en los “Panama Papers” de 2016, salieron a la luz pública empresas “offshore” de Ricardo Salinas Pliego; de los hermanos Calderón Rojas de Femsa, de los Zambrano Alanís de Cemex; de Agustín Franco Macías de Infra y de Eugenio Coppel Luken, entre otros.
La investigación destaca que encontró que cerca de 27 mil empresas “offshore” a nivel internacional y aunque normalmente se utilizan para la evasión fiscal, en México este tipo de empresas no están consideradas como ilegales, pero sí deben informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre sus acciones.