Un juez de Distrito, Pedro Álvarez, difirió la audiencia que esta mañana tendría el exgobernador de Nuevo León, Jaime “R”, para el lunes 18 de abril a las 14:30 horas.
“El Bronco” está vinculado a proceso por uso de recursos de procedencia ilícita en su campaña a la Presidencia de 2018.
La decisión del juez surgió luego de que éste declaró no conocer toda la carpeta del caso, ya que se enteró que lo enlistaron apenas este fin de semana. Se espera que al salir la defensa del acusado pueda dar declaraciones sobre la acción.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León detuvo al exgobernador hace 4 semanas, por presunto desvío de recursos, humanos y materiales. Fue trasladado al Penal de Apodaca, donde se determina su situación legal, aunque se espera que permanezca detenido en este reclusorio.
En septiembre de 2014, Jaime “R” renunció a su militancia en el PRI a fin de competir como candidato independiente a la gubernatura del estado de Nuevo León; registró su partido y obtuvo 334 mil apoyos de las y los cuidamos de este entidad, lo que permitió participar en las elecciones.
Dichas elecciones llevaron a cabo el 7 de junio de 2015, en las que “El Bronco” ganó el cargo al obtener 48.8% de los votos emitidos, el segundo lugar lo ocupó Ivonne Álvarez del PRI y en tercer lugar quedó Felipe de Jesús Cantú, del Partido Acción Nacional (PAN).
En 2018, el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó una denuncia en la que describió que más de 500 funcionarios estatales de la entidad utilizaron recursos del Estado para solicitar firmas y así validar la candidatura independiente de “El Bronco”
Vinculan a Jaime por la Ecovía
Tras una audiencia, el pasado 11 de abril, el juez de control Eduardo Hoyuela Orozco vinculó a proceso a Jaime “R” por el presunto delito de abuso de autoridad, el cual habría cometido durante la requisa de la Ecovía y le dictó prisión preventiva como medida cautelar.
Por segunda vez, Jaime “R” fue vinculado a un proceso penal ahora por la requisa y aseguramiento de los bienes de un particular sin haberlo indemnizado conforme a derecho, violando la seguridad jurídica y la propiedad privada, configurando así un posible abuso de autoridad.