La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció que persiste la impunidad y corrupción en el caso de los 42 normalistas de Ayotzinapa, por lo que las y los familiares de los jóvenes no han podido acceder a la justicia y verdad a 8 años del caso.
Los 43 estudiantes, de entre 17 y 25 años, de la escuela para maestros de Ayotzinapa se dirigían a la marcha para conmemora el2 de octubre de 1968, pero fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías en Iguala (Guerrero) y después desaparecidos. Este caso es considerado como uno de los episodios de violación a los derechos humanos más trágicos en la historia reciente de México.
Las y los familiares, menciona la CNDH, están inconformes porque la impunidad y corrupción enmarcan la violencia, tortura y desaparición forzada en el país. La impunidad, en particular, se encuentra en la raíz de las instituciones del Estado.
Al presentar su informe de análisis y resultados sobre la recomendación 15VG/2018, la presidente de la CNDH, María del Rosario Piedra, culpó a sus antecesores en la comisión de haber obviado el papel de integrantes de las Fuerzas Armadas y la importancia de investigar la participación de la cadena de mandos en los medios policiacos.
Rosario Piedra resaltó que la recomendación es la historia de una profunda herida en la memoria colectiva de la sociedad mexicana, que acompaña el dolor y la zozobra con que han tenido que vivir madres y padres de los normalistas desaparecidos.
“El caso Ayotzinapa es una historia de horror, de ignominia, de terror, de impunidad y de corrupción, que enmarcan las prácticas sistemáticas de tortura y de desaparición forzada que persisten en las instituciones del Estado, particularmente, en aquellas diseñadas para garantizar y proveer seguridad a la sociedad y de procurar y administrar justicia”, detalló.
El organismo nacional señaló que las prácticas de revictimización, estigmatización y criminalización de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y la dilación para la elaboración y presentación de la recomendación mantiene “inconformes” a los padres de las víctimas, por ello la CNDH ordenó el 18 de marzo de 2020 la reapertura de los expedientes de queja del caso.
El informe de la recomendación, dijo, lleva el título “La lucha imparable de todos los días”, incluye una ruta para la reparación integral del daño, con la presentación de una disculpa pública hacia las víctimas, y una mayor participación de éstas en las investigaciones.
Rosario Piedra destacó que entre los resultados de su análisis no hubo un enfoque diferencial y especializado en la atención de las personas en las instituciones de víctimas y los dictámenes y opiniones técnicas que emitió el personal de la anterior CNDH fueron realizado en gabinete, sin acudir al lugar de los hechos.
Enfatizó que la aplicación de los protocolos de Estambul tuvo serias deficiencias que no permitieron la documentación de prácticas de tortura realizada a diversas personas detenidas; la Oficina Especial para el Caso Iguala actuó bajo una lógica de investigación ministerial y no de documentación de violaciones de derechos humanos, además, no consideró la importancia de investigar la cadena de mando.