La odisea por justicia de la familia Barajas Piña en Guanajuato

La familia Barajas Piña vive en desplazamiento forzado luego de la desaparición de su hija Lupita, hallada en una fosa clandestina, y que su hijo Javier fuera asesinado por su activismo.

Javier Barajas Piña es buscador y actualmente, junto a su esposa María del Tránsito Piña, se encuentran en condición de desplazamiento forzado debido a su activismo. Tuvieron que salir de Salvatierra, Guanajuato, porque su vida corría riesgo.

Su caso es uno de los más emblemáticos para la lucha de familias en búsqueda de justicia, porque María Guadalupe Barajas Piña, su hija, fue desaparecida y luego hallada en una fosa clandestina, y su hijo, Francisco Javier, asesinado debido a su labor como activista –buscaba a su hermana y luego formó parte de la Comisión Estatal de Búsqueda-. Todo ha ocurrido en tres años.

El caso jurídico, sin embargo, está todavía lejos de ser resuelto, pese a que hay dos personas detenidas por el homicidio de su hijo y cuatro por la desaparición de su hija, las autoridades estatales han actuado de forma tardía y hace un par de semanas se anunció una sentencia absolutoria.

La Fiscalía de Justicia de Guanajuato y el Poder Judicial dictaron una sentencia absolutoria a los perpetradores del homicidio de Francisco Javier Barajas Piña, mismos que también están vinculados a la desaparición de María Guadalupe.

Uno de ellos es César “N” que enfrenta un proceso penal por participar en ambos delitos. La Fiscalía también acusa, por la desaparición de Guadalupe, a Socorro “N”. Ambos tienen vínculos con el Cártel Santa Rosa de Lima.

En el caso de Lupita hay cuatro personas detenidas, pero el juicio está detenido por investigaciones, pero pronto, cuenta Javier Barajas, se les citará de manera presencial para dar continuidad.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que acompaña a la familia Barajas Piña junto a SeraPaz, luego de dos años de que inició el proceso penal, dos perpetradores fueron llevados ante la justicia.

El juicio oral comenzó a finales de junio y culminó dos meses después.

Sin embargo, el juez a cargo del proceso emitió una sentencia absolutoria, a pesar de contar con pruebas consistentes y de tener el monitoreo y seguimiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) al proceso: los asesinos fueron absueltos, algo que lamentó Centro Prodh.

En el caso de su hijo, Javier dijo que los responsables obtuvieron beneficio porque “la Fiscalía del Estado de Guanajuato, principalmente de Salvatierra, no hizo su trabajo como debía de hacer. Entonces las personas que lo asesinaron quedaron libres. […] Él lo asesinó, él lo asesinó. Su asesinato va a quedar impune ante esta situación”, denuncia Javier a Once Noticias.

Familia Barajas Piña, víctima de desplazamiento forzado

Hace un año que Javier y su esposa están fuera de su tierra, víctimas de desplazamiento forzado. Hace un año su hijo Francisco Javier Barajas Piña fue asesinado por buscar a su hermana María Guadalupe, desaparecida en el año 2020 y posteriormente hallada en la fosa más grande del estado, en Salvatierra, Guanajuato.

Lejos de que esta situación merme su valentía, Javier y su esposa María continúan en pie de lucha, porque el miedo no es opción.

Ambos se encuentran bajo protección del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos porque están amenazados debido a su incesante labor, pero nada, asegura Javier, le hará claudicar ni las amenazas del crimen organizado ni la omisión de autoridades.

Don Javier y María han sido premiados y reconocidos en Europa, por Naciones Unidas y el Congreso estadounidense.

En mayo de 2022 recibieron el premio anual de la organización internacional Front Line Defenders por su activismo a favor de los derechos de las familias que buscan personas desaparecidas en nuestro país.

A pesar de tal reconocimiento, la familia no puede regresar a Salvatierra, desde el 9 de junio de 2021, cuenta Javier. “Nadie es profeta en su tierra”, dice un viejo dicho.

Pero, ¿cómo empezó la odisea? El 29 de febrero de 2020 desapareció Guadalupe –Lupita, como le dice su papá de cariño– tenía 32 años y ejercía como profesora en Irapuato.

El día que desapareció, Lupita estaba con sus papás, en Salvatierra, y salió a comprar unas cosas para comer con su familia, pero ya no regresó. Fue entonces que la familia Baraja Piña comenzó a buscar por cuenta propia. Denunciaron ante Fiscalía General del Estado, pero se encontraron con lo mismo de siempre: indiferencia e inacción.

“Desde ese momento, mi hijo Francisco Javier, mi esposa y yo iniciamos la búsqueda por sí solos, buscándola en lugares donde pues pensamos que pudiera estar, buscando una aguja en un pajar porque no sabíamos, no conocíamos la magnitud del problema que había”, comparte Don Javier mientras detrás de nosotros el público habla entre sí y se saludan.

Los profesores fueron víctimas de estafas y de intentos de extorsión, luego de que utilizaran las redes sociales para buscar a Lupita. ¿Y qué hizo la Fiscalía? Argumentar que trabajaban, pero sin dar respuestas sobre la investigación, posibles sospechosos o búsqueda en campo.

Eso fue lo que los llevó a unirse a un colectivo de familiares que buscan a sus desaparecidos llamado Mariposas Destellando –luego cambió su nombre a Ángeles de Pie Por Ti –, tal como recuerda Javier.

En ese tiempo, gracias a la presión que ejercieron los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos, ante la Comisión Estatal de Búsqueda y en la Fiscalía, y a un par de llamadas que recibieron los Barajas Piña en donde les dieron pistas para buscar detrás de la Aceitera San Juan, ubicada en el predio del Barrio de San Juan en Salvatierra, fue que se buscó en ese lugar.

El hallazgo fue una pesadilla: se encontró la fosa clandestina más grande de Guanajuato. Había 80 restos. Entre ellos estaba Lupita. Javier había encontrado a su hija sin saberlo. Hasta febrero de 2021 las autoridades les entregaron los restos de su primogénita.

Fue la familia Barajas Piña quien encontró a su hija. Fueron ellos, siempre ellos.

Eso incentivó a Francisco Javier, abogado de profesión que vivía en León, a involucrarse en las búsquedas, primero para buscar a su hermana y después entró a trabajar a la Comisión de Búsqueda del Estado. Hizo búsquedas en Acámbaro, Juventino Rosas, Estados de Villaseñor, Irapuato, Salamanca, San José de las Maravillas y otros pueblos de Guanajuato.

El 29 de mayo de 2021, Francisco Javier fue asesinado a balazos. Dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon a quemarropa. Tenía 27 años. El día que sepultaron a su hijo, los profesores fueron advertidos que afuera del panteón los esperaban para matarlos.

“Profe, no vayas a salir del panteón, porque ya te están esperando para asesinarte”, fue la advertencia que le hizo otra buscadora. “Para salir del panteón tuvimos que salir en otro vehículo a otro estado, a otro estado y ya no regresamos a nuestra casa”, recuerda el profesor a Once Noticias.

Los monstruos de ítaca

El fenómeno de las desapariciones de Guanajuato no es reciente, aunque adquirió visibilidad en los últimos años por el trabajo de búsqueda de los colectivos, que hasta ahora suman más de 15 en la entidad.

De acuerdo con datos del Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre 1962 a 2023, hay 2 mil 636 personas desaparecidas y no localizadas en Guanajuato. Sólo de enero de 2018 a 2023 se registran mil 722 personas desaparecidas. Los años que registraron mayor número de desapariciones fue 2019 y 2020.

Con respecto al hallazgo de fosas clandestinas, en el estado se han localizado más de 100, de acuerdo con la Comisión Estatal; aunque medios afirman que son más de doscientas. El hallazgo de la fosa de Salvatierra fue la más grande, pero no se han detenido más hallazgos y según los medios calculan que hay más de mil personas en ellas.

Además, se suma que en la entidad las personas buscadoras se enfrentan a dos poderes: a las autoridades y al crimen organizado.

En el primero, las autoridades de Guanajuato han negado que la entidad atraviese una crisis de desapariciones y violencia. Por el otro, el crimen organizado se disputa una zona importante –la del Bajío– de trasiego de drogas, industria y mercancías.

“Lo que sí puedo decir es que en Guanajuato no hay justicia.  En Guanajuato se da prioridad a los delincuentes y no a las víctimas”, atina a señalar Javier. Al ser cuestionado sobre sus demandas pide a las autoridades “que hagan su trabajo bien, como debe de ser, […] mientras no hagan su trabajo como corresponde, no va haber justicia en el Estado de Guanajuato”, dice molesto.

El impacto directo de esa violencia e impunidad, como en el caso de Don Javier y María, se expresa también en el desplazamiento forzado interno, un fenómeno que ha crecido en la entidad de forma desmesurada, desde inicios de 2021, en paralelo con el aumento de homicidios que no se ha detenido desde 2016, según informa un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Javier y María tienen el anhelo de regresar a su tierra, el mismo que tuvo Ulises para volver a Ítaca, pero no sin antes obtener justicia. Javier dice que no tiene miedo, si ha perdido lo que más amó, pero su tarea ahora se enfoca en apoyar a otras familias para “mitigar la angustia y el dolor” que viven al buscar a sus desaparecidos y desaparecidas.

“No sé qué nos depara el destino para nosotros. Lo que sí sé es que vamos a seguir peleando, buscando verdad y justicia por la muerte de Javier y por la de mi hija María Guadalupe”, concluye a este medio.