El Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAE) es resultado de una lucha que emprendieron familias de personas migrantes desaparecidas y de diversas organizaciones de la sociedad civil desde 2012, para encontrar justicia, dados los delitos que se cometen en contra de personas migrantes en su paso por México hacia Estados Unidos.
El cruce fronterizo es un escenario que devela una crisis en materia de derechos humanos, debido a los altos números sobre desapariciones y en la que muchas personas han muerto durante el tránsito. En las Américas, en la frontera entre México y los Estados Unidos, es donde más muertes ha registrado el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) desde que comenzó en 2014 hasta 2022: 692 personas migrantes desaparecidas.
En 2014 se registraron 304 y en 2022, 388 personas migrantes desaparecidas.
Bajo ese contexto fue que el 18 de diciembre de 2015 mediante un acuerdo de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se creó MAE. En 2018, a través del acuerdo A/012/18 se reformó el diverso A/117/15, y se creó la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y se establecieron sus facultades.
El Mecanismo tiene por objetivo ser una vía o herramienta para asegurar el acceso a la justicia de las familias, pero también la búsqueda e investigación, así como la reparación del daño.
La Fundación para Justicia, una de las organizaciones que ha trabajado para impulsar a MAE, explica que es como una “puerta de entrada” para que las familias accedan a la justicia. Asimismo señala que este Mecanismo debe facilitar a través de las embajadas y consulados mexicanos, el acceso a la justicia de las personas migrantes y sus familias que se encuentran en otro país y que no pueden acceder directamente a las instituciones en México.
Además, señala que las familias que buscan a las personas migrantes pueden impulsar la búsqueda e investigación de los delitos, en las embajadas y consulados.
Además, a través de MAE, se dirigen, coordinan y supervisan que las acciones se apliquen para hacer efectivos los derechos de la Ley General de Víctimas sobre medidas de atención, asistencia y ayuda que conlleven a la reparación del daño.
Esos derechos, advierte Fundación para la Justicia, son los mismos para las personas que han sido víctimas de los delitos y que viven en territorio mexicano, pero también para quienes viven en otros países.
Esta organización acompaña 123 casos de los cuales: 30 son de Guatemala, 43 casos de El Salvador y 50 de Honduras. Además 4 de ellos son casos de niños, niñas y adolescentes.