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Aún pendientes los juicios sobre casos de corrupción de Emilio “L” y Rosario “R”

Entre los juicios más emblemáticos del combate a la corrupción, iniciados en esta administración, y aún pendientes de resolver, están el del ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio “L”; la exsecretaria de SEDESOL, Rosario “R”; el exgobernador de Chihuahua, César “D”; el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro “G” y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás “Z”, entre otros.

 

 

Emilio “L”, fue vinculado a proceso, sin pisar la prisión, el 28 de julio de 2020, por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, tras su participación en la cadena de corrupción y sobornos en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

 

 

En otro caso, el 13 de agosto de 2019, un juez de control vinculó a proceso, con prisión justificada, a la extitular de SEDESOL y SEDATU, Rosario “R”, por omisión y ejercicio indebido en el servicio público, al no evitar un daño a la hacienda pública por más de 5 mil millones de pesos, a través de la llamada “Estafa maestra”.

 

Desde entonces la ex funcionaria se encuentra en prisión, ya solicitó también apegarse al criterio de oportunidad, para poder salir de la cárcel.

 

 

El 8 de julio de 2020, el exgobernador de Chihuahua César “D”, fue detenido en Estados Unidos, con fines de extradición, acusado de delitos electorales, de peculado y asociación delictuosa.

 

Este miércoles, la Corte del Distrito Sur de Florida pospuso nueva mente, y en forma indefinida, la audiencia de extradición contra el ex funcionario mexicano, por la pandemia.

 

El ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, Tomás “Z”, enfrenta desde el 3 de septiembre de 2020 una orden aprehensión en  su contra, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Iguala.

 

En diciembre de 2019, fue detenido en Estados Unidos, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro “G”, acusado de conspirar para traficar cocaína y hacer declaraciones falsas sobre su estatus migratorio a las autoridades de ese país, además de recibir millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa.

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