Desde que el 30 de abril, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se erigió en jurado de procedencia para aprobar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier “G”, el congreso de ese estado ha defendido al mandatario estatal.
Al conocer el fallo aprobado en San Lázaro, el congreso local, de mayoría panista, aprobó declarar improcedente la homologación de la declaración de procedencia emitida por la cámara de diputados contra el gobernador, para mantener su inmunidad procesal.
El 14 de mayo, el congreso local interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra el desafuero del gobernador, acusado de defraudación fiscal.
El 19 del mismo mes, un juez giró una orden de aprehensión contra Francisco Javier “G” por delincuencia organizada y lavado de dinero, al otro día, ante la posibilidad de que fuera detenido, el congreso del estado aprobó presentar una denuncia contra los responsables de la solicitud y ejecución de la orden de aprehensión.
Esto, casi a la par de los amparos interpuestos por la defensa del propio Francisco Javier “G”.
Pasadas las elecciones del 6 de junio, y tras perder la mayoría en el congreso, la bancada panista busca ampliar los recursos legales para defender al mandatario estatal.
Ayer 22 de junio, el congreso de Tamaulipas presentó una nueva iniciativa para tratar de blindar a Francisco Javier “G’’ de un eventual desafuero, aún durante la próxima legislatura de mayoría morenista.
La iniciativa dice que “en todos aquellos casos en los que el congreso del estado hubiese determinado la no homologación de la declaratoria por parte de alguna de las cámaras federales en los asuntos de su competencia, la decisión será definitiva e inatacable”…
Asimismo, se adiciona un párrafo al artículo 44 de la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado:
El congreso local declara que no procede homologar la declaratoria de alguna de las cámaras federales en los asuntos de su competencia, y que esta decisión será definitiva y no podrá ya realizarse de manera posterior ningún acto con motivo de esa declaratoria”.
Todo, todo, con tal de evitar que el gobernador sea sentado en el banquillo de la justicia.