Juan “C” cobró casi 46 mdd de empresas usadas para lavar dinero: El País
Nuevos datos, obtenidos por una investigación del diario El País, revelan que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, empresas utilizadas por el Cártel de Sinaloa hicieron depósitos por casi mil millones de pesos a las cuentas del abogado mexicano, Juan Ramón “C”, en el paraíso fiscal de Andorra.
Este abogado, como se recordará, está hoy preso acusado de lavado de dinero, y durante años fue el abogado personal de personajes como Enrique Peña Nieto, Diego Fernández de Ceballos y otros destacados políticos y empresarios mexicanos.
De acuerdo con una investigación del diario español, El País, dichas empresas fantasma traspasaron los recursos entre 2009 y 2013 al abogado mexicano, hoy preso por diversos delitos, a través de la Banca Privada de Andorra, BPA.
El presunto blanqueo de Juan Ramón “C” arrancaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana, para transferirlo después a una cuenta en BPA a nombre de una sociedad instrumental y aterrizaba más tarde en uno de los depósitos a su nombre.
La red financiera, destaca El País, estaba diseñada para no dejar rastro y blindar la identidad de Juan “C”, según la policía de Andorra.
De acuerdo con la investigación, Juan “C” ingresó en la BPA fondos de sociedades privadas que también blanquearon, presuntamente para el Cartel de Sinaloa.
Entre las compañías involucradas están Madvysion, que transfirió al abogado 10.7 millones de dólares; RIU construcciones, 7.1 millones; servicios especializados Icall, 5.7 millones, y Textiline Collection, 5.4 millones.
También, Varys comercial, con 3.6 millones, y grupo Liztik, 3.5 millones, por mencionar algunas.
El diario cita que Antoni Riestra, abogado de Juan Ramón “C” en Andorra, cuestiona la imparcialidad de las investigaciones y niega cualquier relación de su cliente con el cartel sinaloense.
El hecho de que diferentes clientes de las casas de cambio compartieran circuito interno para trasladar su dinero no comporta una vinculación, justificó.
Desde septiembre de 2020, el abogado imputado está vinculado a proceso, con prisión preventiva, acusado de los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado dinero, por un monto superior a los 36 millones de pesos, según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).