La Agencia de Innovación Pública determinó, en abril de 2020, iniciar los trabajos para crear el Registro Público de Agresores Sexuales (RPAS) de Ciudad de México; sin embargo, su acceso al público generó diversas opiniones entre la sociedad civil y organismos defensores de los derechos humanos.
Tal fue la controversia que el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y determinó invalidar la legislación referente al registro, ya que se contraponía a diversos principios constitucionales y derechos humanos de las personas susceptibles de ser inscritas en este listado.
Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la Comisión de los Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHCDMX) han expresado que mantener su acceso al público genera una doble pena para los sentenciados, además de que viola su derecho a la reinserción social y queda sobre los inculpados un estigma.
Pero agrupaciones de la sociedad civil como la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC) consideró como algo inadecuado el cierre de este registro, toda vez que impide a las personas identificar a los agresores y con ello evitar más violencias.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un corte patriarcal y el patriarcado va a defender a los hombres ¿Por qué cierra el acceso al registro si son violadores? Porque los que están registrados si está comprobado que son violadores. Ellos no quieren que se identifiquen a estos hombres que ya cometieron un delito que genera alteraciones para toda la vida” sentenció Laura Martínez Rodríguez, directora de Adivac.
La fundadora de esta organización con 25 años de trayectoria agregó que el tenerlos identificados, ” es una prevención de la violencia sexual“.
Lo cierto, apuntó, es que las organizaciones de la sociedad civil no fueron consultadas para tomar esta decisión, a pesar de la amplia experiencia que tienen en el tema. Esto, dijo, es un desdén para los colectivos.
En opinión de Martínez Rodríguez, mantener este tipo de registros es útil.
Realmente los funcionarios que operan las leyes las operan adecuadamente, pero en la realidad, los operadores de la justicia revictimizan a quienes van a denunciar un delito sexual y, en consecuencia, las personas no van a denunciar porque no sienten confianza” comentó.
Del mismo modo, de acuerdo con Laura Martínez de 10 carpetas de investigación solo 2 se judicializan y una termina con la sanción en un reclusorio: “es muy bajo ese índice de carpetas de investigación que llegan a reclusorio y cumplen una sentencia”.
Buscan no violar más DDHH
Por ello, Once Noticias platicó con la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHCDMX), Nashieli Ramírez Hernández, quien resaltó que este tipo de registros no son útiles debido a que vulneran el derecho a la reinserción social y es una doble pena para el ya juzgado.
Es necesario, es decir, el tema de la violencia hacia las mujeres y en especial de la violencia sexual hacia las mujeres, es un tema que requiere de atención, de políticas públicas, de prevención, es un tema que hay que atender de manera inmediata e integral y en eso todos estamos de acuerdo, en lo que estamos de acuerdo con los ministros es que estas medidas no pueden ser aplicadas violando otros derechos” mencionó.
La ombusperson local agregó que se ha comprobado que mantener este registro con acceso al público no es eficiente, por lo que ejemplificó los casos de Estados Unidos y Canadá, donde no hay registro que se haya detenido la violencia sexual.
Tenemos el dato de la última controversia en Canadá que tiene muchos años con este registro abierto e igual se está postulando que se retire, porque se hizo un análisis de todos estos años, más un análisis en 20 países, en donde está funcionando este Registro Público y en donde no ha servido” indicó.
Asimismo, dijo que mantener el registro público dañaría incluso a los hijos de los agresores sexuales.
También comentó que el registro como tal no se pierde, que está en ley, y que se queda ahí, pero lo que se está discutiendo es la utilidad o no de que estos registros sean públicos.
Además, señaló que en los países donde se usan no han sido efectivos, por lo que cuestionó: ¿de qué nos sirve a la sociedad que un niño, que ni la debe ni la teme, hijo de un agresor, sea estigmatizado, discriminado en su escuela por un registro público?.
En este sentido, la presidenta de la CDHCDMX resaltó que resulta válido incrementar las penas de los agresores sexuales, pero insistió en que no se puede tener un registro que las incrementa sin un debido proceso.