Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), informó que incrementaron los expedientes de quejas por tortura hacia mujeres privadas de la libertad, al interior de los centros penitenciarios capitalinos, recabados por este organismo.
Al presentar la recomendación 14/2022, la titular reveló que en 2017 se registraron 19 expedientes vinculados con hechos de violencia en esos espacios; en lo que va de 2022, se han integrado 90.
En esa recomendación se detalla que algunos de los derechos humanos que fueron violados son: el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, derecho a la vida (omisiones del personal de seguridad y custodia de los centros de reclusión) y derecho a la integridad personal (perpetración de actos de tortura).
Violencia institucional continúa hacia mujeres privadas de la libertad
De acuerdo con datos del Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida contra Mujeres Privadas de la Libertad, siete de cada 10 mujeres encarceladas sufrieron tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes con motivo de la privación de la libertad, desde su detención; cuatro de cada 10 fueron víctimas de tortura sexual.
En torno a ello, Ramírez Hernández expuso que el Estado tiene un papel fundamental como garante del derecho a la vida de las personas privadas de libertad; de lo contrario, hay responsabilidad sobre lo que les ocurra mientras se encuentran bajo su custodia, al interior de un centro de reclusión.
Hasta el 4 de noviembre de este año, la población de mujeres privadas de la libertad en Ciudad de México es de mil 475 personas que, en conjunto, conforman 6% del total de la población penitenciaria.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, a nivel nacional, la población privada de la libertad durante ese año fue de 220.5 mil personas. De las cuales, 94.3% corresponde a la población de hombres y 5.7% corresponde a la población de mujeres.
La titular de CDHCDMX agregó que también se observó una omisión persistente para implementar un enfoque de género en la formación del personal penitenciario y en la política penitenciaria.
Por todo ello, apuntó que en el ámbito penitenciario no es un escenario que exceptúe al Estado para brindar las condiciones necesarias para que se lleve a cabo el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia, y para implementar las medidas que prevengan la violencia institucional.