En mayo, el Congreso capitalino aprobó un paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México que permite a su titular, Ernestina Godoy, permanecer cuatro años más al frente.
Entre la controversia, la oposición ha reiterado en diversas ocasiones que buscará frenar el nombramiento solicitado por Godoy y el jefe de Gobierno, Martí Batres, mismo que requeriría 44 de 66 votos para ser aprobado en el pleno.
La fiscal aseguró que la negativa panista corresponde a su enojo por las investigaciones contra el “cártel inmobiliario” que involucra a diversos integrantes del blanquiazul en fraudes y procedimientos ilícitos para autorizar la construcción de edificios deficientes en Benito Juárez.
“Sabemos que estaban acostumbrados al privilegio de la impunidad, sólo así se explica la operación del grupo delictivo vinculado al sector inmobiliario (…) Sabemos que particularmente, ésta acción ha provocado que el PAN se declare en contra de mi ratificación al frente de la Fiscalía y han pretendido politizar la justicia”, aseguró Ernestina Godoy, fiscal general de Ciudad de México.
La bancada morenista reiteró su respaldo a la funcionaria, al afirmar que debe ser renombrada como titular de la Fiscalía para dar continuidad al acceso a la justicia, acusando que buscan una revancha.
“Es notorio su afán de revancha en contra de la fiscal, porque ha hecho un extraordinario trabajo para la disminución del índice delictivo y particularmente para documentar con gran profesionalismo y rigor jurídico y científico las investigaciones en contra de la corrupción inmobiliaria”, comentó Martha Ávila, coordinadora de diputados de Morena.
El miércoles, los congresistas del PRI Ciudad de México informaron que votarán contra la permanencia de la funcionaria al asegurar que el proceso es ilegal y busca afianzar los intereses de Morena y sus aliados.
Respaldaron así a la derecha que, acusando ilegalidad y el uso faccioso de las instituciones para la persecución política, ha asegurado que el renombramiento no pasará.
“No queremos a esta fiscal carnal, que lo único que ha hecho es hundir a la ciudad en el peor momento de procuración de justicia ¡Fuera Godoy!”, dijo Ricardo Rubio, diputado del PAN.
Se suma a la discusión la investigación publicada en el New York Times, donde se acusa a la Fiscalía de haber investigado a la oposición a través de la solicitud de registros telefónicos, mensajes de texto y datos de localización vinculándoles a indagatorias de delitos como desaparición.
La oposición exigió explicaciones no sólo a la Fiscalía sino a la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, siendo la primera quien, a través de su vocero, Ulises Lara, negó categóricamente la solicitud de los registros y la existencia de carpetas de investigación relacionadas.
“La Fiscalía General de la Ciudad de México no ordenó a la empresa referida los registros telefónicos de políticos y funcionarios (…) Coincidentemente, dicha información fue difundida poco después de que el titular o la titular de esta institución denunciara la existencia de una campaña en contra de su ratificación, impulsada prácticamente por varias de las personas que supuestamente fueron espiadas”, expresó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Ciudad de México.
El tiempo corre y es que, a partir del 31 de octubre, la Comisión de Administración y Justicia tiene 45 días naturales para analizar y dictaminar la propuesta y será entonces que pase al Pleno, donde se discutirá y legisladores capitalinos definirán si la aceptan o desechan.