Exdelegados de la alcaldía Benito Juárez y familiares cercanos al exdirector jurídico de esa demarcación, Luis “N”, y del exdirector de Obras, Nicias “N”, declararon ante el Ministerio Público, por su posible colusión con el cártel inmobiliario.
El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara López, informó que podrían estar involucrados en la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido del servicio público.
Cabe recordar que las autoridades investigan la entrega de permisos irregulares entre el 2011 y el 2021; periodo en el que Benito Juárez ha sido gobernada por los alcaldes panistas Mario Alberto Palacios, Jorge Romero, Christian Von Roerich y Santiago Taboada.
“Entre estas personas llamadas a declarar se encuentran familiares de primera línea de imputados por el caso (LIGAR) diversos servidores y ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, además de accionistas y desarrolladores inmobiliarios”, mencionó Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de CDMX.
Asimismo, el funcionario dio a conocer que después de analizar las 46 cuentas bancarias que congelaron hace un mes a Luis “N” y Nicias “N”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal iniciaron una investigación contra las empresas de los imputados por los delitos de evasión fiscal y operación con recursos de procedencia ilícita.
Edificios de lujo ahora son viviendas fantasma
Recientemente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ya suman 99 los edificios construidos de forma irregular en la alcaldía Benito Juárez durante administraciones del Partido Acción Nacional (PAN) de 2015 a 2021.
Edificios que comenzaron como un proyecto de vivienda social se convirtieron en departamentos de lujo y hoy son edificios fantasma.
De 2015 a 2021, el exdirector jurídico de esa alcaldía, Luis Vizcaíno, y el exdirector de Obras, Nicias Aridjis, encabezaron una red de corrupción por la que otorgaron permisos irregulares de construcción a empresas inmobiliarias a cambio de beneficios económicos. Hasta el momento se han registrado 99 edificios en esa situación.
Cerca de 60% de los edificios ya habían recibido una orden de cancelación de obra por parte de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (Paot), así como del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea).
Pero los ahora exfuncionarios de los entonces alcaldes panistas Jorge Romero, Cristhian Von Roerich y Santiago Taboada, nunca atendieron las sanciones.
A la fecha, Luis Vizcaíno enfrenta un proceso penal en el Reclusorio Norte, mientras Nicias Aridjis está prófugo por el delito de enriquecimiento ilícito, del que se le acusó formalmente el mes pasado.
En tanto, los actuales dueños de estos departamentos enfrentan una historia de terror, ya que las propiedades están en un limbo jurídico, pues no tienen registros legales, razón por la que podrían perder su patrimonio.
“Se clausuraron los folios reales, esto quiere decir que no pueden escriturar, que no pueden llegar a la Tesorería y llegar a una Notaría para poder escriturar esos departamentos”, explicó Carlos Ulloa Pérez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de CDMX.
Las viviendas se construyeron bajo el amparo de la norma 26, una ley que buscaba impulsar la construcción de casas de interés social en las zonas céntricas de la capital del país.
Sin embargo, los departamentos se levantaron en colonias de alta plusvalía como la Del Valle, Narvarte, Nápoles, Nochebuena y San José Insurgentes. En esas zonas, las viviendas oscilan entre los siete y diez millones de pesos, cuando la Ley de Vivienda para la Ciudad de México señala que las casas de interés social deben tener un precio de 500 mil a 800 mil pesos.
“Se construían bajo la norma 26 y posteriormente, esas quienes construían, se la vendían a otra constructora y esa segunda constructora lo vendía ya a precios de cinco, siete millones”, señaló Carlos Ulloa Pérez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de CDMX.
Un negocio redondo para los exfuncionarios panistas y ahora, un calvario para los dueños de esas propiedades.
“Tenemos ya la escasez de agua, de servicios de movilidad, en fin, cantidad de situación que al no estar planeado y al estar con esta ambición, como se hizo, pues se descontroló la Ciudad”, aseguró Susana Kanahuati, enlace “Vecinos Unidos”.
Desde hace 15 años, vecinos de Benito Juárez denunciaron las violaciones de construcción ante la FGJCDMX y el Gobierno capitalino.
Pero además de no ser escuchados, recibieron amenazas de las empresas constructoras.
En tanto, autoridades de la alcaldía Benito Juárez han ocultado información referente a las manifestaciones de construcción, alegando que los documentos se perdieron en las inundaciones ocasionadas por las lluvias de septiembre del 2021.
“Hoy si tú quieres accesar a documentos en la alcaldía Benito Juárez, ellos te contestan que se mojaron y que ya no existen los documentos, que no hay información”, añadió Kanahuati.
Por su parte, la secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, junto con la Fiscalía capitalina y el Registro Público de la Propiedad, instalaron Mesas de Diálogo para atender personalmente cada uno de los casos y definir la ruta para legalizar los inmuebles fantasma.
“Ver una ruta y garantizar que ellos no sean afectados y que se les obligue a las constructoras a reparar el daño, a construirles su vivienda o a legalizar donde ellos están”, dijo Carlos Ulloa Pérez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de CDMX.
El secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, convocó a la población a solicitar asesoría, la cual será brindada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de manera presencial en la calle San Lorenzo 712, colonia del Valle Centro, con un horario de lunes a viernes de 900: a 13:30 horas.
En el Consejo Ciudadano también se orientará a quienes lo soliciten mediante el teléfono 55 55 33 55 33.