En el “Foro por la Ciudad que Queremos” participan 17 organizaciones sociales, que se han organizado para hacer una revisión de las políticas públicas en Ciudad de México principalmente en materia de
vivienda, salud, agua y vida digna, a partir del inicio de la Constitución capitalina.
En 2017 se aprobó la Carta Magna que declaraba la autonomía de la capital mexicana; lo que era el Distrito Federal ahora sería un estado más de la República, con sus propias leyes y costumbres.
A cinco años de ese avance político y social, las organizaciones populares señalan que se han afectado los
derechos humanos, económicos y sociales de los citadinos.
“Comenzamos a ver cómo llega el encarecimiento y la gentrificación que todos los días expulsa a las personas y convierte a esta ciudad en un espacio más elitista. Es un lugar que se está polarizando cada vez más porque vemos una mayor concentración de personas y empresas extranjeras ocupando las viviendas de quienes las construyeron y las habitaron por muchas generaciones en la parte central de la ciudad. La vivienda popular esta relegada, y a pesar de que en la Constitución está plasmado el derecho a la vivienda digna, las personas de bajos recursos no están contempladas en este proyecto”, sentenció León Felipe, participante en el “Foro por la Ciudad que queremos”.
La Constitución habla de una integración de una ciudad para todos, en donde los grupos sociales puedan verse incorporados en una sola geografía, pero la crítica de algunas organizaciones sociales es que con este documento plantearon las bases para una expulsión de los ciudadanos que han vivido aquí muchos años en la capital y ahora se ven relegados porque no tienen el nivel de ingresos que está pidiendo la Ciudad de México.
En el Foro se expresó que el desgaste de vida, con cuatro o seis horas de transporte público entre casa y trabajo, puede tener consecuencias. Esto crea t
rabajadores que no tienen tiempo para esparcimiento personal o familiar.
Señalaron que es importante establecer hasta dónde llega realmente la Constitución en las vidas cotidianas. Apuntaron que aún faltan 76 artículos transitorios sin definición y que hacen falta que se apliquen de manera efectiva porque en su mayoría están relacionados con los derechos universales.
“En la Constitución dice que la vivienda digna es parte de nuestros derechos, pero vemos que del Centro Histórico están sacando a sus originarios y ahora sus casas las hacen zonas exclusivas o peor aún, centros comerciales en donde tendrán que trabajar de manera informal para empresas extranjeras. No sabemos porque se establecen derechos y sólo se hacen efectivos para unos cuantos”, mencionó León.
A definición de algunas organizaciones, la ciudad quedó polarizada con regiones que carecen de el agua, luz o drenaje.
“El problema va seguir porque hay pérdidas de empleos y de vidas, más ahora con la pandemia, pero no hay mecanismos que brinden a los trabajadores y comerciantes derechos laborales como tal, solo son soluciones temporales que van acrecentando los problemas, por eso a las personas les es más fácil estar en la informalidad (…) Por eso hoy decimos que en cinco años vemos que la Constitución de Ciudad de México es letra muerta y necesita reactivarse, refrescarse y aplicarse para todos”, concluyó León Felipe.
