El jefe de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres, presentó la iniciativa de reformas al Código Penal en materia de combate a la corrupción mobiliaria, misma que enviará al Congreso capitalino para su discusión y eventual aprobación.
“(A quien) cometa el delito de corrupción inmobiliaria, el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”, comentó Batres.
Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de Ciudad de México, explicó que las sanciones irán de 10 a 20 años de prisión, con independencia de otras sanciones que correspondan a otras situaciones penales.
Batres Guadarrama señaló que de acuerdo con la iniciativa, con este artículo se sancionará al funcionario público y a la red de familiares que intervienen actualmente en este tipo de actividades de corrupción inmobiliaria.
También se acusará a los funcionarios de los delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de atribuciones y corrupción inmobiliaria. El objetivo, dijo, es ponerle un alto a la corrupción inmobiliaria que está dañando el sano desarrollo urbano de la ciudad de México.