La Fiscalía de Ciudad de México dio vista de la investigación contra el “Cártel Inmobiliario’’ a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal y la Fiscalía General de la República (FGR).
El vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López, precisó que se detectó la comisión de diversos delitos financieros dentro de este esquema de cobro de sobornos por parte de funcionarios panistas, para otorgar permisos irregulares de construcción a empresas inmobiliarias en la alcaldía Benito Juárez.
Cómo parte de esta serie de hallazgos se han dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal’’, afirmó Ulises Lara.
Esto, luego de que la fiscalía capitalina descubrió un incremento patrimonial injustificado por 300 millones de pesos de uno de los funcionarios panistas involucrados.
“A partir de estudios periciales de contabilidad, se detectó la posible comisión de diversos delitos financieros, debido a que a una persona se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos, estos recursos pueden ser considerados de procedencia ilícita’’, consideró Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina.
Asimismo, informó que hasta el día de hoy se han asegurado un total de 60 inmuebles, relacionados con el cobro de sobornos.
De estos, nueve están relacionados directamente con el exdirector general de Jurídico y Gobierno en Benito Juárez, Luis Vizcaíno, y el director de Obras, René Nicias Aridjis.
“Estos nueve inmuebles a los que hacemos referencia están ubicados en la calle Riff, en la colonia Santa Cruz Atoyac; en la calle José María Rico, y en los complejos City Towers, y de los cuales se advierte que fueron adquiridos por personas físicas y morales, de quienes el incremento de su patrimonio se encuentra posiblemente injustificado. algunos de estos 60 inmuebles se encontraban en arrendamiento o comodato y eran ocupados por terceras personas, mismas a las que se les han respetado sus derechos’’, aseguró Ulises Lara.