A tres años de una lucha legal que emprendió Angélica Juárez Pérez, víctima de anticoncepción no consentida y violencia obstétrica, finalmente recibió una disculpa pública por parte de autoridades de salud en Ciudad de México.
La disculpa forma parte de la reparación integral que dictaminó un juez como respuesta al amparo indirecto 971/2020 que interpuso Angélica y su defensa legal del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización feminista que trabaja temas de justicia reproductiva, porque hace tres años el personal de salud del Hospital Emiliano Zapata, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, le colocó a Angélica un DIU sin su consentimiento, luego de haber dado a luz y de tener preclamsia. Además, fue víctima de violencia obstétrica por parte del cuerpo de enfermería.
Fue en el Hospital Rubén Leñero, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, que se llevó a cabo esa disculpa a puerta cerrada y acudieron diversas autoridades como el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de CDMX, Ernesto Alvarado; el subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos (Sedesa), Ricardo Arturo Barreira, y también estuvieron integrantes de la Secretaría de las Mujeres de CDMX.
El caso, de acuerdo con una de sus abogadas, busca sentar un precedente para que no se repita, dado que atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“Para que se considere que este tipo de cosas, […] como la anticoncepción de las mujeres sin un consentimiento previo, libre e informado sea considerado inaceptable y sea considerado una forma de tortura y que tiene un impacto consecuencia graves, tanto en la psyque como en la salud de las mujeres”, dijo Alejandra Rodríguez, abogada de reparaciones integrales de GIRE a Once Noticias.
Angélica contó que, en lo que refiere a la violencia obstétrica, las enfermeras se burlaron de ella por ser una mujer indígena y por acudir a un sistema de salud público.
Con respecto a la colación del DIU las autoridades del hospital le hicieron firmar un documento que asentaba que se lo colocarían durante la cesárea, sin darle información de manera libre, oportuna, clara e informada sobre dicho método, al que tampoco quería acceder en ese momento.
Angélica estaba en un momento de vulnerabilidad y no en condiciones de firmar afuera del quirófano. Esto tuvo repercusiones cuando su útero volvió al tamaño normal, el dispositivo intrauterino se encarnó, lo que le provocó hemorragias.
La lucha de Angélica no termina aquí, aunque se siente satisfecha, dijo que todavía faltan que se cumplan otras medidas como tratamiento psicológico, la indemnización económica a la víctima y las capacitaciones que deben tomar el personal de salud del hospital en donde ocurrieron estos hechos, pero que se extenderán a hospitales que forman parte de SEDESA.
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