Ciencia

Iniciativa de la Ley HCTI confirma a la ciencia como derecho fundamental

La primera Ley General en materia de HCTI fortalecerá al Conacyt como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la iniciativa de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Ley HCTI), presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador e impulsada desde el Consejo de Ciencia y Tecnología, consolida el carácter humanista y dialógico de la política científica y tecnológica del país, mediante propuestas vinculadas a dichas áreas.

El Conacyt considera que esta propuesta rompe con el paradigma que en los últimos tres sexenios permitió el uso de recursos públicos para financiar, en su mayoría, proyectos privados que simularon investigación y desarrollo tecnológico.

Estas voces dijo, han desatado una campaña de desprestigio en diversos medios de comunicación que difunden críticas, opiniones y afirmaciones lejanas a la realidad y que, incluso, faltan a la verdad sobre la reorganización e implicaciones que se proponen en la nueva iniciativa de Ley HCTI.

La propuesta de iniciativa de Ley HCTI –que se estudia en las Comisiones Unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación para dictamen, y en las Comisiones de Gobernación y Población, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para opinión técnica del Congreso de la Unión– cumple el mandato del artículo tercero de la Constitución. 

Esta iniciativa, dice Conacyt, confirma a la ciencia como derecho fundamental y reconoce la importancia de garantizar otros derechos como la alimentación y el acceso tanto a la salud como a la información; principios que desconoce la actual Ley de Ciencia y Tecnología (CYT) vigente.

En esta ocasión participaron autoridades de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Tecnológico Nacional de México (ITAM), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y las universidades interculturales, entre otras.

La Ley General en materia de HCTI integrará a la Ley de CYT y a la Ley Orgánica del Conacyt, al incluir en su contenido tanto la parte sustantiva de la política pública en la materia como la parte operativa y orgánica del Conacyt y los CPI; armonizando el marco jurídico nacional en congruencia con la transformación de la vida pública por la que atraviesa México y fortaleciendo la soberanía nacional mediante la independencia científica y tecnológica.

El Conacyt considera vital aclarar lo siguiente.

No limita o acota la labor científica y tecnológica

Es importante aclarar que esta iniciativa no determina lo que es o no ciencia, ni lo que puede o no hacer la comunidad científica mexicana; tampoco restringe la libertad de investigación de las personas que quieran realizar actividades en la materia financiadas con sus propios recursos. Lo que sí establece esta iniciativa es el marco para promover que las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación sean herramientas para el desarrollo integral de la nación y el bienestar del pueblo de México.

En el caso de los CPI no los convierte en organismos al servicio del gobierno, sino que armoniza su marco normativo como centros estatales financiados con recursos de todas las y los mexicanos, sin que ello conlleve generar un pensamiento único en el quehacer interno.

Se impulsa de manera decidida la ciencia básica y de frontera

La propuesta garantiza que no se repita el abandono a la ciencia básica y de frontera que se impuso en los regímenes pasados, como sucedió en 2017 y 2018, tiempo en el que no se destinó un solo peso a la ciencia básica. A diferencia de antes, en esta nueva iniciativa de Ley en HCTI, se propone un mandato explícito para que el Estado y otros actores promuevan una auténtica ciencia aplicada con desarrollo tecnológico e innovación a favor del bien común.

Asimismo, prevé la asignación universal de becas a estudiantes de universidades públicas inscritos en programas académicos de investigación de todas las áreas del conocimiento, y el apoyo a quienes estén en especialidades enfocadas en asuntos de interés estratégico o prioritario para el país.

En este tenor, la iniciativa de Ley General en HCTI no elimina el apoyo a estudiantes de posgrados de universidades privadas o programas profesionalizantes, sino que establece criterios para que las empresas educativas o interesadas en la formación especializada sean partícipes de estos apoyos.

Proscribe los fideicomisos

Cabe destacar que esta iniciativa prohíbe la constitución de fidecomisos y figuras análogas que, hasta 2020, generaban dependencia entre la operación del sector y el financiamiento de proyectos, mediante múltiples fondos que se manejaron con opacidad y de forma arbitraria; mismos que permitieron transferencias millonarias a grandes empresas nacionales y trasnacionales, asociaciones civiles y universidades privadas que no requerían apoyo por parte del Estado y no dieron los resultados esperados, simulando el fomento la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

En su lugar, el proyecto de iniciativa establece que las fuentes del financiamiento desde el Estado a las actividades de humanidades, ciencias, tecnología e innovación se aplicarán bajo los principios constitucionales de transparencia, austeridad republicana, economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez. Además, de manera histórica, promueve que los recursos fiscales destinados al fomento de actividades del sector sean entregados directamente y sin intermediarios a las y los beneficiarios, así como a las personas investigadoras y becarias.

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