El exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, durante la administración de Enrique Peña Nieto, Luis “V”, fue inhabilitado 10 años para ejercer cargos públicos, la máxima pena establecida.
La Secretaría de la Función Pública reveló que, por tres años consecutivos, Luis “V” mintió en sus declaraciones patrimoniales, mientras desempeñaba altas funciones del Gobierno Federal.
Informó que el exfuncionario ya fue notificado de la sanción desde el pasado 11 de mayo, pero por motivos de la veda electoral el anuncio se postergó hasta este martes.
El exsecretario ha sido señalado como presunto operador de Peña Nieto en el desvío de recursos tanto por el exdirector de Pemex, Emilio “L”, como por la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario “R”, ambos vinculados a proceso por los escándalos de corrupción y sobornos en los casos de Odebrecht, Agronitrogenados y la llamada Estafa Maestra.
La función pública explicó que, a partir de que se dio conocer su posible participación en la compra irregular de la planta chatarra de fertilizantes “Agronitrogenados”, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al estado.
Esta sanción, dijo, es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades.
Luis “V” reaccionó de inmediato.
En una carta publicada en redes sociales, aseguró que impugnará su inhabilitación, con pleno respeto, dijo, a la función pública y sin litigar el caso públicamente.
Informo sobre el comunicado emitido por la Secretaría de la Función Pública el día de hoy respecto a mi persona. pic.twitter.com/kFw5ctk9IG
— Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) June 8, 2021
Sobre las irregularidades encontradas en su declaración, argumentó que “Las cuentas bancarias” a las que se hace referencia “son en realidad tarjetas de crédito”. que no tenían saldo deudor y por eso omitió incluirlas en el apartado de pasivos.
La función pública reviró.
Desmintió a Luis “V” y reiteró que las cuentas que ocultó en su declaración sí son bancarias. Sí contaban con saldos que tenía obligación de declarar. Esta omisión, que realizó de manera reiterada, dijo, es una falta administrativa grave, que vulnera la integridad y ética en el servicio público.
La inhabilitación por 10 años sostuvo, es un procedimiento sancionador culminado; no se trata de una mera acusación. dio la bienvenida a la impugnación y aseguró que defenderá la legalidad y pulcritud de la sanción.