Del ciclismo a la natación, pasando por el rugby, varios deportes están restringiendo el acceso de las atletas transgénero a las competiciones femeninas, lo que abrió un debate que mezcla el progreso de la investigación, la justicia deportiva y los derechos humanos.
En apenas unos días, tres federaciones respondieron al llamado lanzado el 16 de noviembre por el Comité Olímpico Internacional (COI) para establecer sus propios criterios de acceso de las personas transgénero e intersexo a competir al más alto nivel.
La Unión Ciclista Internacional (UCI) fue la primera con un endurecimiento, doblando el “periodo de transición” (de 12 a 24 meses) durante el cual las mujeres transgénero deben presentar una tasa de testosterona “bajo” antes de competir “en la categoría correspondiente a su nueva identidad de género”.
Asimismo, la UCI rebajó a la mitad el límite admitido, de 5 a 2.5 nmol/L de sangre, con el argumento de que se trata de la tasa máxima de testosterona que se observa en 99.99% de la población femenina.
Más tarde, la Federación Internacional de Natación (FINA) limitó el acceso a las categorías femeninas a las nadadoras convertidas en mujer antes de la pubertad, una solución que excluye a la casi totalidad de las atletas transgénero, cuya transición es generalmente más tardía.
COI renuncia a imponer un criterio
La estadounidense Lia Thomas, primera nadadora transgénero a ganar en la primavera un título universitario, la FIFA estudia la creación de una “categoría abierta” que se sume a las tradicionales masculina y femenina, algo que sería inédito en el mundo del deporte.
Además, la Internacional Rugby League prohibió de manera provisional la presencia de jugadoras transgénero en partidos internacionales femeninos de rugby a XIII hasta que no se establezca “una política de inclusión completa”, que la organización espera tener lista el próximo año.
El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), Sebastian Coe abrió la vía a una modificación de su reglamento prometiendo, sin dar más precisiones, privilegiar la “equidad” y la “integridad del deporte femenino” más que la “inclusión” de las participantes transgénero.
“Lejos de ser una coincidencia, este cúmulo de tomas de posesión ya se esperaba desde que el COI renunció a proponer directivas uniformes, como hizo en 2004”, recuerda Ekain Zubizarreta, sociólogo del deporte en la Universidad del País Vasco.
La instancia olímpica exigió entonces una operación de reasignación sexual al menos dos años antes de la demanda del atleta (un criterio levantado en 2011), así como una “terapia hormonal” comprobable durante un periodo suficientemente largo para minimizar las ventajas competitivas ligadas al género.